20 años de prisión para coronel Mejía: JEP impone histórica condena por ‘falsos positivos’ en Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón de Artillería La Popa, a veinte años de prisión por su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Según el fallo de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, Mejía fue hallado responsable de 72 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles, crímenes conocidos popularmente como ‘falsos positivos’. Los hechos ocurrieron entre 2002 y 2005 en los departamentos caribeños del Cesar y La Guajira.

La investigación judicial determinó que bajo el mando de Mejía, los militares del Batallón La Popa participaron en una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales, presentando a las víctimas como guerrilleros muertos en combate. El objetivo era obtener beneficios y premios institucionales para mostrar supuestos éxitos operacionales ante las instancias superiores del Ejército. Datos oficiales de la JEP revelan que este fenómeno dejó un saldo trágico de al menos 6.402 víctimas en todo el país, convirtiéndose en uno de los capítulos más graves del conflicto armado colombiano.

La sentencia, que consta de 1.149 páginas, también señala que Mejía se alió con grupos paramilitares y ordenó la ejecución de personas en condiciones de vulnerabilidad, entre ellas campesinos, menores de edad e integrantes del pueblo indígena kankuamo. La JEP lo declaró penalmente responsable no solo por los homicidios, sino también por las desapariciones forzadas, crímenes considerados como parte de “patrones de macrocriminalidad” en la región. Dado que Mejía se negó a aceptar los cargos y a reconocer su responsabilidad, la JEP lo sometió a un juicio ordinario y le negó cualquier beneficio penal, como la prisión domiciliaria o sanciones alternativas, además de prohibirle salir del país sin autorización judicial.

Este caso marca un precedente en la historia reciente de la justicia transicional colombiana, pues es la primera vez que la JEP impone una pena de esta magnitud a un alto mando militar por crímenes asociados a los llamados ‘falsos positivos’. El proceso fue conducido por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que desde el inicio argumentó la necesidad de aplicar la máxima condena prevista por la jurisdicción transicional ante la negativa del acusado de reconocer los delitos.

Durante el juicio adversarial, iniciado en septiembre de 2024 en Valledupar, se recogieron testimonios y pruebas que permitieron reconstruir la estructura y metodología empleadas para encubrir las ejecuciones extrajudiciales. Mientras que otros militares implicados en los mismos hechos admitieron su participación y recibieron penas restaurativas, Mejía insistió en declararse inocente y reclamó ser un “soldado de honor”, argumento que fue rechazado tanto por las instancias judiciales como por las organizaciones de víctimas. De esta manera, la JEP reafirma su objetivo de combatir la impunidad y ofrecer verdad, justicia y reparación en el marco del conflicto armado colombiano.

¿Qué implica que estos crímenes sean calificados como de “lesa humanidad”?

La calificación de los crímenes como de lesa humanidad por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz tiene profundas implicaciones legales y morales. Los crímenes de lesa humanidad, en términos judiciales, son aquellos cometidos de forma sistemática o generalizada contra la población civil y no prescriben, es decir, pueden ser perseguidos sin límite temporal. Esta categoría refuerza la gravedad de los delitos y la responsabilidad de los autores, como ocurrió en el caso del coronel Mejía.

El hecho de que se catalogue de esta manera significa que las acciones del Batallón La Popa no fueron hechos aislados, sino parte de una política criminal institucionalizada, hecho que eleva el estándar de investigación y sanción. Además, garantiza que las víctimas o sus familiares puedan reclamar justicia sin que los delitos pierdan vigencia legal, y sienta un precedente fundamental en el proceso de memoria y reparación que busca la sociedad colombiana frente a los efectos duraderos del conflicto armado interno.