"Tienen secuestrada la plata": duro señalamiento del presidente de Colpensiones a fondos privados

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El presidente de Colpensiones lanzó una dura advertencia en La W tras el freno del Consejo de Estado: dice que peligra el pago a 109.000 personas.

La batalla por los recursos pensionales en Colombia entró en su etapa más crítica. Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, se pronunció en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de recursos de los fondos privados al régimen público. Con un tono desafiante, el funcionario aseguró que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen “secuestrados” los ahorros de miles de ciudadanos.

Dussán fue enfático al señalar que la suspensión del Decreto 415 tiene un efecto inmediato y preocupante: “Impide el pago de las obligaciones pensionales de los afiliados trasladados voluntariamente a Colpensiones”. Según el funcionario, son cerca de 109.000 personas las que están en el limbo, de las cuales 25.000 ya deberían estar recibiendo su mesada con los recursos que hoy no han llegado a la entidad estatal.

El presidente de Colpensiones no se guardó nada al cuestionar la imparcialidad del Consejo de Estado. Calificó como un “extraño cambio de decisión” el hecho de que el magistrado ponente suspendiera el traslado de los recursos apenas tres días antes de que venciera el plazo para que las AFP entregaran los primeros 5 billones de pesos.

“El señor magistrado cambia de opinión y suspende el artículo con un argumento inexistente”, denunció Dussán, añadiendo que con esta medida se permite que los fondos privados retengan un total de 25 billones de pesos que, según él, pertenecen legítimamente a Colpensiones por la voluntad de los ahorradores.

Ante el bloqueo financiero, el Gobierno Nacional prevé que la disputa se traslade a los juzgados. Dussán vaticinó que los ciudadanos no se quedarán de brazos cruzados y que los fondos privados enfrentarán una presión judicial masiva. “Los fondos van a tener la reclamación de todos los ciudadanos diciéndoles: no me secuestren más mis recursos”, afirmó.

Finalmente, el funcionario insistió en que mientras la Ley 2381 no sea declarada inconstitucional, el derecho de los trasladados sigue vigente, por lo que la retención del dinero por parte de las AFP es, a sus ojos, una arbitrariedad que pone en riesgo el sustento de miles de pensionados en el país.