¿Acuerdo nacional o Constituyente? Las apuestas de Iván Cepeda reavivan temores de un giro chavista en Colombia

La postura de Iván Cepeda frente al llamado “acuerdo nacional” y la posible convocatoria de una Asamblea Constituyente revela una estrategia política compleja y estructurada, enmarcada en la historia reciente de Colombia y Venezuela. Referencias pasadas en sus redes sociales, en las que elogia al expresidente venezolano Hugo Chávez como el “arquitecto de un nuevo orden” y califica a Nicolás Maduro como “digno sucesor”, han sido tomadas por algunos sectores como un indicio de la profundidad de su afinidad con el modelo chavista. En el contexto actual de la campaña electoral, esta afinidad adquiere relevancia frente a las recientes declaraciones de Cepeda en entrevistas, entre ellas la concedida a María Jimena Duzán en el pódcast A Fondo, y al director de El Tiempo, Andrés Mompotes. A pesar de afirmar su preferencia por un “acuerdo nacional”, Cepeda no niega la opción de una Constituyente, dejando abierta la puerta a transformaciones de gran calado en el sistema político colombiano.

Según lo manifestado por Cepeda, el acuerdo nacional consistiría en sentar a dialogar a diversos sectores de la sociedad: organizaciones sociales, comunidades rurales, sectores económicos poderosos y actores políticos claves del país. No obstante, la falta de claridad sobre los mecanismos de selección de los participantes en este proceso genera inquietudes. Cepeda sugiere implícitamente que su gobierno tendría un papel decisivo en la definición de la composición de la mesa de diálogo, lo que evoca experiencias recientes de concentración de poder en el Ejecutivo, especialmente las vividas en Venezuela tras la Constituyente de 1999 liderada por Chávez.

La ruta planteada por Cepeda contempla que si el “acuerdo nacional” no prospera, existirían las firmas necesarias, recolectadas mayormente con el impulso del gobierno de Gustavo Petro en sus últimos meses, para respaldar la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Ambos caminos —el acuerdo nacional o la Constituyente— conducirían al mismo objetivo: modificar la Constitución de 1991, documento fundamental que ha sido la base para la ampliación de derechos sociales e inclusión en Colombia.

El proceso, según lo dicho por Cepeda, implicaría que la mesa del acuerdo pueda facultar al Presidente de la República para legislar mediante decretos, lo que eliminaría la necesidad de someterse al tradicional debate parlamentario. Expertos como el politólogo Camilo González advierten que este mecanismo tendría similitudes con la figura de “leyes habilitantes” empleada en Venezuela, a través de la cual el poder Ejecutivo asumió competencias legislativas y remodeló el panorama institucional, político y económico del país vecino.

En diversos momentos de la entrevista, Cepeda recalca la importancia de reglas claras, pero sus palabras también sugieren que estas reglas podrían definirse de manera unilateral. Esta concentración de facultades presidenciales podría acarrear riesgos para el equilibrio de poderes y la protección de derechos conquistados en las últimas décadas. Tal como ocurrió en Venezuela, existe la posibilidad de que cambios impulsados por una mayoría afín al gobierno reduzcan el ámbito de autonomía institucional y social, afectando a las garantías legales que hoy permiten la defensa de derechos fundamentales.

Las analogías con el proceso venezolano son evidentes: desde la forma en que se designan los participantes en los diálogos políticos, hasta la capacidad de legislar por decreto saltándose los controles parlamentarios. Ejemplos como la redistribución de tierras, la regulación pesquera y la intervención en la industria petrolera, impulsados bajo leyes habilitantes en Venezuela, muestran el grado de transformación al que puede llegarse. En ese sentido, la historia presenta un espejo inquietante sobre los riesgos de despreciar los contrapesos y sobre cómo un nuevo proceso constituyente puede poner en juego conquistas sociales y libertades políticas que, hasta ahora, los colombianos han considerado derechos adquiridos.

¿Por qué genera preocupación la figura de la “ley habilitante”?
El debate sobre la llamada “ley habilitante” adquiere importancia porque representa una herramienta legal que otorga al presidente poderes legislativos extraordinarios, permitiéndole aprobar reformas de amplio alcance sin el filtro del Congreso. Tanto en la historia reciente de Venezuela como en las propuestas que han salido a relucir en el caso colombiano, este tipo de facultades despierta temores por el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a las democracias. Las experiencias documentadas muestran que, bajo la excusa de la urgencia o del consenso, estas leyes pueden alterar profundamente la estructura institucional de un país y desplazar la intervención de los órganos de control.

En Colombia, los expertos y la sociedad civil cuestionan si una eventual concesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo salvaguardaría los logros alcanzados a partir de la Constitución de 1991 o, por el contrario, abriría la puerta a la pérdida de derechos, a la concentración de poder y al deterioro del propio diseño democrático. Por ello, el debate sobre “leyes habilitantes” y su posible adopción resulta especialmente relevante en el actual contexto nacional.