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Así lo dio a conocer Andrés Chica Durango, vocero de Fundación Social Cordoberxia, que habló del atroz crimen de María del Pilar Hurtado, el pasado 21 de junio.
Chica Durango dijo, citado por El Heraldo, que la víctima era una reconocida líder comunitaria afro en Tierralta, y que fue una de las mediadoras en el proceso de negociación en torno a unos predios que la alcaldía de esa población planeaba entregar a algunas familias de bajos recursos, que se habían tomado varios predios.
“María del Pilar había invadido predios del papá del alcalde, Fabio Otero. Ella estuvo dentro del proceso de toma de un predio equidistante de una de las invasiones más grandes de Latinoamérica, que se llama 9 de Agosto, donde además ella residía”, aseguró Chica en el medio regional.
El Heraldo explica que esta invasión inició el pasado 25 de mayo y que involucró a unas 200 familias, las cuales se tomaron, en un principio, “los predios de una familia particular” de esa población.
“Sin embargo, a los pocos días el vínculo entre las partes fue diluyéndose, y los destechados comenzaron a invadir otros predios, que en esta ocasión eran del papá del alcalde”, agrega la publicación.
“El 30 de mayo las familias comenzaron a invadir los predios de propiedad del alcalde Fabio Otero, es entonces cuando entra el Esmad para sacarlas y en la noche sale un panfleto firmado presuntamente por las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’”, denunció Chica, que trabaja como defensor de Derechos Humanos.
Si bien Chica dice que no es posible asegurar que a Hurtado la hayan asesinado por estar en el panfleto, pues su nombre no aparece allí textualmente (sino un apodo despectivo), sí cuestiona el hecho de que las autoridades locales “no hayan brindado unas medidas eficaces para garantizar la integridad de la gente que estuvo al frente del proceso de concertación con el señor alcalde para salir pacíficamente del lote”.
En medio de esta delicada denuncia que involucra al alcalde Fabio Leonardo Otero, la Procuraduría anunció en un comunicado que abrió investigación en contra del mandatario local y de su secretario de Gobierno, Willington Ortiz Naranjo.
La indagación, según el órgano de control, tiene que ver con “presuntas irregularidades en el control del orden público originadas por la invasión de unos lotes en el municipio, que habrían derivado en el homicidio de la líder social María del Pilar Hurtado Montaño”.
La Procuraduría dice que su objetivo es establecer cómo actuó la administración municipal “frente a la ocupación de predios” por parte de varias familias de esa comunidad, y determinar así “el manejo que dieron a las presuntas amenazas de que fue víctima la lideresa, representante de la comunidad que habría invadido algunos lotes en el municipio”.
Tanto el alcalde Otero como Ortiz podrán pedir que la Procuraduría los escuche en versión libre para explicar los hechos que rodean el vil asesinato de la mujer, que fue baleada por sicarios delante de su hijo de 9 años.
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