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Las autoridades del departamento responderán ante la Procuraduría por las decisiones durante la construcción del proyecto que pudieron llevar a la crisis.
La investigación formal la anunció el procurador Fernando Carrillo y se abrirá a los integrantes de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.
Este proceso será por presuntas irregularidades en el desarrollo de la hidroeléctrica, y que es diferente al tema contractual, en el que se adelanta otro proceso. Estas personas deben comparecer en audiencia pública el próximo 26 de febrero, en Medellín, aseguró Blu Radio.
Esas personas son: Luis Pérez, gobernador de Antioquia; Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia; Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín; Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín; Jorge Londoño de la Cuesta, gerente de EPM; Juan Esteban Calle, exgerente de EPM; y Rodrigo Suárez Castaño, director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
La emisora agregó que también se investigará a los subdirectores de Evaluación y Seguimiento de la ANLA, Josefina Helena Sánchez Cuervo, y de Permisos y Trámites Ambientales, Carlos Alonso Rodríguez Pardo.
Además, deben responder el gerente del Instituto de Desarrollo de Antioquia y miembro de la junta directiva de Hidroituango, Mauricio Tobón Franco; el vicepresidente Estratégico de Proyectos de Ingeniería y miembro de la junta directiva, Wilson Chinchilla Herrera.
Según el procurador Carrillo, citado por RCN Radio, la decisión se toma porque la crisis del proyecto ha dejado “más de 20 municipios y más de 120 mil personas afectadas en sus derechos sociales, económicos y ambientales”.
El jefe del Ministerio Público señaló que el propósito de la carta en la que le pidió a la Superintendencia de Sociedades vigilar el proceso, es solicitar una intervención “para que se cubra el campo de las decisiones técnicas al interior de la empresa”.
Al anunciar la investigación, señala la emisora, el funcionario también reiteró el llamado al Gobierno sobre la urgencia de declarar una emergencia ambiental para implementar una serie de medidas, “como la recuperación y restitución de derechos económicos sociales y ambientales mediante medidas extraordinarias”.
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