Crisis en finca ancestral de Jamundí: invasión armada amenaza empleos y ecosistema en Río Claro

La finca La Novillera, localizada en el corregimiento de Río Claro, zona rural de Jamundí, atraviesa una crisis que se extiende ya por cuatro días debido a la presencia de hombres armados que han invadido el terreno, destruyendo cultivos de piña y emitiendo amenazas contra quienes trabajan en la propiedad. Esta situación pone en jaque no solo la seguridad de los propietarios y empleados, sino también la estabilidad económica de una zona que depende de las actividades agrícolas y ganaderas desempeñadas en la finca.

Frente a estos acontecimientos, la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca (SAG Valle) ha solicitado la acción inmediata de las autoridades nacionales y locales. Su solicitud se dirige tanto al Gobierno Nacional como a la Fuerza Pública, exigiendo recuperar el control del predio y preservar la integridad de quienes laboran en él. Según los representantes gremiales, la presencia de la disidencia conocida como “Jaime Martínez” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo señalado como responsable de la ocupación ilegal, ha puesto en riesgo directo más de cien empleos en la región.

La preocupación se acentúa, pues quienes dependen de la finca para su sustento afirman estar sumidos en la incertidumbre y el miedo, sin posibilidad de regresar a sus labores cotidianas para atender el ganado o mantener los cultivos. María Eugenia Saavedra, presidenta del gremio SAG Valle, destacó que La Novillera cuenta con títulos de propiedad que datan de 1804, constituyéndose como una finca ancestral que por décadas ha sido fuente de empleo gracias a sus sistemas productivos de ganadería, piña, limón y actividades de conservación ambiental.

La gravedad de los daños trasciende lo económico, ya que el gremio pide también la intervención de entidades ambientales para que se realice una evaluación del impacto ecológico. Según Saavedra, la invasión afectó zonas protegidas, entre ellas guaduales, cañadas y un espejo de agua de aproximadamente diez hectáreas, hábitat para aves migratorias. Los propietarios han explicado que La Novillera no está vinculada a la Sociedad de Activos Especiales ni a la Agencia Nacional de Tierras, y detallan que han iniciado los trámites legales pertinentes ante la Policía, la Alcaldía de Jamundí y la Gobernación del Valle, aunque aún no obtienen respuestas que permitan la restitución del predio.

La ocupación de tierras en zonas rurales con presencia de actores armados mantiene en vilo a comunidades campesinas y empresariales que ven amenazada no solo su seguridad, sino también los ecosistemas que han protegido durante generaciones. El caso de La Novillera se convierte en un símbolo de un problema más amplio que atraviesa el país, donde la presión sobre la propiedad rural y el control de territorios incide directamente en el tejido social y productivo.

¿Por qué la presencia de grupos armados ilegales afecta tanto la economía como el medio ambiente en regiones rurales?

Esta inquietud surge porque la ocupación de predios por parte de grupos ilegales, como la disidencia “Jaime Martínez” de las FARC mencionada por la SAG Valle, no solo pone en peligro empleos y sistemas productivos, sino que además puede ocasionar daños permanentes en áreas ecológicamente sensibles. El accionar de estos grupos suele implicar destrucción de cultivos, deterioro de fuentes hídricas y pérdida de hábitats para fauna silvestre, lo que genera un doble impacto: sobre el sustento de la comunidad y sobre el equilibrio ambiental que sostienen estos territorios a lo largo de generaciones. Así, la violencia en el campo trasciende la seguridad, comprometiendo el desarrollo sostenible y la conservación del entorno natural.