Colombia en alerta: ONU advierte retrocesos, masacres y amenazas crecientes a líderes sociales en 2025

Colombia enfrenta actualmente un panorama marcado por la persistencia de la violencia armada, el asesinato de líderes sociales y la intensificación del control territorial por parte de grupos armados ilegales. Así lo señala el más reciente informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que abarca hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Este informe, sustentado en 15 páginas y reconocido por El Espectador, destaca una continua consolidación de estructuras criminales en diversas regiones y alerta sobre el riesgo latente de retroceder a escenarios semejantes a los anteriores al Acuerdo Final de Paz.

Un aspecto especialmente preocupante documentado por la ACNUDH es la reducción del personal y cierre de oficinas en Colombia a causa de recortes presupuestales. Este ajuste limitó de manera significativa la capacidad de monitoreo, asistencia y respuesta frente a las violaciones de derechos humanos. La disminución de la presencia de la ONU coincide con un incremento de ataques contra líderes políticos: solo en 2025, se registraron 18 homicidios y 126 amenazas o agresiones, según datos corroborados por Naciones Unidas. Además, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre 649 municipios en situación de alto riesgo, requiriendo intervenciones urgentes y prioritarias.

El informe también aborda la creciente violencia digital, documentando el ascenso de discursos de odio y discriminación en redes sociales. Por otro lado, la disputa entre organizaciones armadas, tanto entre sí como con la Fuerza Pública, tuvo un impacto profundo en regiones como Catatumbo, Magdalena Medio, la Sierra Nevada de Santa Marta y otros once departamentos, provocando desplazamientos, confinamientos forzados, homicidios selectivos y reclutamiento forzado, fenómenos que han recaído principalmente sobre poblaciones étnicas y vulnerables.

Respecto a las masacres, la ACNUDH validó 53 de los 87 hechos reportados durante 2025. En estos episodios, los principales responsables han sido organizaciones criminales y grupos armados no estatales, motivados en un 75% de los casos por disputas relacionadas con el control de economías ilícitas. Las regiones más golpeadas por estos ataques incluyen Antioquia, Atlántico, Norte de Santander y Valle del Cauca, donde la cifra de víctimas sumó 174 personas, entre ellas niños y niñas.

El informe destaca también el grave fenómeno del “Plan Pistola”, mecanismo de persecución contra la Fuerza Pública que en 2025 resultó en 173 muertes y 765 heridos entre agentes estatales, principalmente en Antioquia y la región Caribe, según reportes del Ministerio de Defensa Nacional. La situación de la niñez es alarmante: durante 2025, la ACNUDH verificó 150 casos de reclutamiento forzado (98 niños y 52 niñas), así como la muerte de menores en operaciones militares y ataques armados en departamentos como Amazonas y Guaviare.

Respecto a las y los defensores de derechos humanos, la oficina recibió el reporte de 207 homicidios, de los cuales verificó 99 y encontró nexo directo entre el crimen y la labor en defensa de derechos. La mayoría de estas víctimas fueron hombres, aunque también se reportaron mujeres y personas LGBTIQ+. Los presuntos responsables, en el 70% de los casos, continúan siendo grupos armados ilegales.

En materia de políticas públicas, la ACNUDH advierte que los esfuerzos por una “Paz Total” no lograron frenar los crímenes contra defensores ni el reclutamiento de menores, y destaca la ausencia de espacios de diálogo seguros y centrados en las víctimas. Dentro de las 26 recomendaciones hechas al Estado colombiano, figuran garantizar el cumplimiento pleno del Acuerdo de paz, fortalecer la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y aprobar nuevas estrategias de prevención y atención para personas defensoras y víctimas del conflicto.

La definición de “masacre” utilizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se refiere a la privación arbitraria de la vida de tres o más personas en el mismo evento, en circunstancias relacionadas con el conflicto armado o contextos de criminalidad organizada. En el informe citado, este término es clave para entender el impacto de la violencia persistente en Colombia, así como la responsabilidad principal de los grupos armados no estatales y organizaciones criminales que disputan territorios y control de economías ilícitas.

Este concepto es relevante porque permite dar visibilidad a patrones recurrentes de violencia extrema que afectan gravemente a las comunidades, especialmente en las zonas rurales y periféricas del país. Mediante la documentación y verificación de masacres, organismos como la ACNUDH pueden identificar tendencias, emitir alertas tempranas y orientar recomendaciones para el diseño de políticas públicas encaminadas a la protección de la vida y la garantía de derechos humanos básicos en todo el país.