Periodismo bajo amenaza en Colombia: el precio de informar entre violencia, censura y autocensura

El más reciente Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), correspondiente al año 2025, ofrece un panorama alarmante sobre la situación que enfrentan los periodistas en Colombia. De acuerdo con lo documentado por la CIDH, las agresiones contra la prensa no solo prevalecen sino que han adquirido formas todavía más riesgosas, especialmente en zonas donde la presencia de grupos armados y la violencia de género repercuten directamente en la integridad y el trabajo de los comunicadores.

El texto, basado en evidencias recogidas en 34 municipios, revela que el 24% de los medios recibió amenazas directas exigiendo la suspensión de coberturas, mientras que el 35% de los periodistas confesó haber omitido información por motivos de seguridad. Esta presión, arraigada y sistemática, ha consolidado la autocensura como una medida de protección entre quienes informan a la ciudadanía. Testimonios recogidos y analizados por la Relatoría Especial advierten sobre el temor a abordar temas relacionados con el orden público o las economías ilegales, lo que limita gravemente la libertad informativa.

Uno de los casos que concentra la preocupación internacional es el asesinato de Óscar Gómez Agudelo en Armenia, Quindío, ocurrido en enero de 2024, mientras se dirigía a su lugar de trabajo. Este y otros homicidios, como los de Diomedes Farid Manrique en Maicao y María Victoria Correa Ramírez en Envigado, señalan el alto costo de ejercer el periodismo en el país. Aunque en algunos casos se han identificado y sancionado responsables, la relación directa de estos crímenes con la labor informativa aún está por esclarecerse en su totalidad.

La violencia no se agota en los asesinatos; incluye amenazas digitales y campañas de acoso, como advierte la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y como ha quedado consignado en el informe. La CIDH relata que se utilizan plataformas como WhatsApp, Telegram y Facebook para hostigar a periodistas, sin que hasta ahora las autoridades colombianas hayan intervenido de manera eficaz. El caso de Edward Fabián Álvarez Rivera, en el que un supuesto líder del Ejército de Liberación Nacional (Eln) exigió la eliminación de publicaciones y forzó su desplazamiento, ejemplifica la vulnerabilidad de los comunicadores en regiones afectadas.

El informe también destaca que la intimidación y deslegitimación de la prensa no provienen únicamente de actores armados. La CIDH recoge evidencia de declaraciones por parte de altos funcionarios, incluido el presidente Gustavo Petro, quienes han catalogado a periodistas como “desinformadores”, “mentirosos” o “criminales”. Esto, según la Relatoría, puede propiciar un clima que justifique represalias o el uso de instrumentos judiciales como forma de censura encubierta. Casos como el de los periodistas Rafael Prieto Zartha y Carlos Alberto Vélez, sometidos a presiones judiciales y estigmatizaciones promovidas por funcionarios locales, son mencionados explícitamente como mecanismos indirectos de censura.

En el caso de las mujeres periodistas, la Relatoría recalcó el componente de violencia de género, sobre todo en entornos digitales. Se han presentado ataques y campañas de hostigamiento específicamente dirigidas a silenciar voces femeninas, lo cual ha motivado pronunciamientos y acciones legales, incluyendo denuncias de figuras públicas, como congresistas y el Ministerio del Interior. La Corte Constitucional, citada por la CIDH, ha recordado que los discursos constitutivos de violencia de género no están protegidos por la libertad de expresión, más aún cuando buscan coartar la participación femenina en espacios públicos.

La CIDH concluye señalando que el derecho a la libertad de expresión se encuentra amenazado en Colombia por la combinación de factores de violencia directa, hostigamiento institucional y discriminación, especialmente hacia las mujeres y quienes investigan la vida pública. Esta situación pone en riesgo la función democrática de la prensa y el derecho de la sociedad a estar informada sobre temas cruciales de interés nacional.

¿Qué mecanismos existen para proteger a periodistas amenazados en Colombia?

La pregunta adquiere relevancia ante los datos expuestos en el informe de la CIDH, que evidencia un entorno cada vez más hostil para los comunicadores colombianos. Las amenazas, la autocensura y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades nacionales revelan la necesidad de conocer y fortalecer los sistemas de protección.

Entender cómo funcionan los mecanismos de resguardo y cuáles son sus limitaciones permite evaluar de manera crítica las herramientas disponibles para quienes ejercen el periodismo en escenarios adversos. Además, saber si los procedimientos actuales logran responder a las nuevas formas de hostigamiento, especialmente las digitales, resulta fundamental para garantizar el libre ejercicio de la libertad de expresión en Colombia.