Nuevo informe de EE. UU. señala a Petro de ser cómplice en el fraude de Maduro en Venezuela

Un profundo escrutinio sobre la política exterior del gobierno de Gustavo Petro hacia Venezuela salió a la luz a través de un reciente informe del Miranda Center for Democracy. El documento examina detalladamente las actuaciones de Bogotá desde el restablecimiento de las relaciones bilaterales en 2022 hasta la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026, sosteniendo que la administración colombiana actuó como un facilitador que redujo el costo diplomático del fraude cometido en las urnas.

El punto de quiebre analizado por los investigadores se remonta al 31 de julio de 2024, apenas tres días después de los comicios presidenciales venezolanos, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Maduro con un 51,2 % de los votos sin divulgar las actas por mesa. Pese a que el Centro Carter concluyó que el proceso incumplió los estándares internacionales y la oposición reunió actas que daban una amplia ventaja a Edmundo González Urrutia —con cerca del 67 % frente al 30 % del régimen—, la diplomacia colombiana optó por la abstención en una votación clave en la Organización de los Estados Americanos (OEA) que exigía la publicación inmediata de los datos. De acuerdo con el centro de análisis, el respaldo de Colombia o de cualquiera de los otros diez países que se abstuvieron habría bastado para aprobar la resolución que unificaba la presión regional.

En su lugar, Petro apostó por una gestión conjunta con Brasil y México. Sin embargo, con el paso de los días, el tono de los tres gobiernos fue matizando las exigencias de verificación imparcial hacia un llamado al diálogo, desplazando la responsabilidad del CNE mientras las protestas sociales eran reprimidas en las calles venezolanas. Para el Miranda Center, este patrón de actuación constituyó un “blanqueo” institucional que le otorgó tiempo valioso a Maduro para consolidarse en el poder, a pesar de que el Ejecutivo colombiano evitó un reconocimiento formal de los resultados e incluso calificaría el proceso como “un error” meses más tarde.

El informe desglosa en tres factores principales los motivos detrás de la postura de la Casa de Nariño. Como primer elemento señala la afinidad ideológica con el chavismo, reflejada en el constante señalamiento de las sanciones estadounidenses como única causa de la crisis económica y migratoria. El segundo factor apunta a la agenda energética, destacando el anuncio de acercamientos y asociaciones entre Ecopetrol y PDVSA a finales de 2023, en momentos en que el gobierno suspendía nuevos contratos de exploración petrolera en territorio nacional y contemplaba importar gas venezolano.

El tercer y más determinante factor fue la denominada Paz Total. Dado que Venezuela fungía como país garante en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y servía simultáneamente como zona de retaguardia para estructuras de esa guerrilla y disidencias de las Farc, el gobierno de Petro calculó que una confrontación abierta con Caracas pondría en jaque su principal apuesta de pacificación interna. Esta doble condición otorgó al régimen vecino un margen de influencia geopolítica que Bogotá prefirió no perturbar mediante una ruptura diplomática.

Finalmente, el documento establece un contrapunto analítico con la reacción de Petro ante los comicios presidenciales en Colombia de 2026. Tras la derrota de su candidato de coalición, Iván Cepeda, el entonces mandatario denunció un supuesto fraude electoral y se ausentó de la investidura de Abelardo de la Espriella a pesar de la carencia de pruebas sustentadas; una actitud severamente contrastada con la cautela que mantuvo frente a las actas y evidencias documentadas que demostraban el fraude consumado en Venezuela.