Murió habitante de calle que sufrió quemaduras en el 65 % de su cuerpo

El 19 de agosto, un incendio devastó la antigua plaza de toros de Supía, Caldas, arrebatando la vida de Luz Marina, una mujer en situación de calle que pernoctaba en las antiguas caballerizas junto con otros indigentes. El siniestro, según reportes del Cuerpo de Bomberos de Supía, consumió rápidamente la estructura improvisada donde habitaban varias personas, dejando a Luz Marina con quemaduras en el 65% de su cuerpo. Inicialmente atendida en el hospital local San Lorenzo, debió ser remitida a la capital departamental debido a la gravedad de sus lesiones, donde falleció tras tres días de agonía, según fuentes directas citadas en reportes de prensa local.

Este hecho puntual refleja una problemática social de fondo: la aguda vulnerabilidad de las personas en situación de calle y las deficiencias en las políticas de protección y acceso a servicios básicos en Colombia. Las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) evidencian que, en 2021, más de 14 mil personas habitaban en la calle a nivel urbano en el país, con un incremento constante debido a la pobreza, el desplazamiento forzado y el debilitamiento de las redes familiares. En Caldas, la Fundación Golondrina ha documentado durante los últimos años un aumento en el número de personas que utilizan espacios precarios como refugio, desde parques hasta edificaciones abandonadas como la propia plaza de toros.

La inadecuación de estos lugares—que no cuentan con condiciones mínimas de seguridad ante incendios, instalaciones eléctricas seguras, servicios sanitarios ni vías de evacuación—hace que los habitantes de calle estén expuestos a frecuentes accidentes y riesgos mortales. La urgencia de supervivencia entre quienes habitan estos espacios suele invisibilizar su situación y dificulta el acceso a una protección oportuna, tal como lo detalla un reportaje de El Espectador sobre la vida y riesgos en la calle.

Asimismo, el incendio en la plaza de toros pone sobre la mesa la ineficaz gestión de riesgo en infraestructuras abandonadas, muchas veces convertidas en refugios informales. La Dirección de Gestión del Riesgo de Caldas ha resaltado las dificultades para prevenir desastres en zonas periurbanas debido a restricciones presupuestales y técnicas. Además, la limitada capacidad en hospitales municipales para el tratamiento de quemaduras graves, subrayada por el Ministerio de Salud, obliga a trasladar a las víctimas a centros de mayor complejidad, retrasando la atención especializada e incrementando la mortalidad.

Frente a este panorama, diversas organizaciones sociales y de salud han abogado por la formulación de políticas públicas integrales que contemplen no solo la provisión de albergues dignos, sino también programas de inclusión social, acceso a atención médica especializada, capacitación laboral y acompañamiento psicosocial. Iniciativas de la Fundación ARREC en Antioquia, por ejemplo, han demostrado que la atención coordinada puede reducir los riesgos y facilitar la inclusión de las personas en situación de calle, modelo que expertos consideran replicable en localidades como Supía.

La muerte de Luz Marina representa un llamado urgente a repensar la inclusión social, la gestión territorial y la priorización de recursos públicos para los más vulnerables. Es un recordatorio de que, tras cada tragedia, quedan preguntas sobre la eficacia de las acciones institucionales y la urgencia de construir respuestas más humanas e integrales, tanto desde el periodismo como desde las políticas públicas.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué medidas existen en Colombia para proteger a los habitantes de calle en caso de emergencias?

Existen lineamientos generales y protocolos desde el Ministerio de Salud y organismos como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que promueven la atención prioritaria a poblaciones vulnerables en situaciones de emergencia. Sin embargo, en la práctica, muchos municipios carecen de recursos y de infraestructuras adecuadas para brindar atención especializada, especialmente en casos como quemaduras severas o emergencias en espacios no regulados. Por eso, la alerta de varias fundaciones y organismos radica en fortalecer la coordinación interinstitucional y aumentar el presupuesto para prevención y respuesta comunitaria. El caso de Supía evidencia la necesidad de mayor articulación y recursos, sobre todo en zonas rurales y periurbanas donde confluyen las mayores carencias institucionales.

El diseño de políticas públicas efectivas requiere no solo mejorar la infraestructura, sino también avanzar en procesos de inclusión y apoyo continuo, asegurando que las personas en situación de calle sean identificadas, atendidas y acompañadas para reducir sus riesgos y facilitar su integración social.

¿Qué es una quemadura grave y cómo se debe tratar en un hospital general?

Se considera quemadura grave aquella que afecta más del 20% de la superficie corporal en adultos, o menos en caso de niños o personas mayores, y que involucra zonas de alto riesgo como vías respiratorias, cara, manos o genitales. Estas lesiones suelen requerir atención inmediata y especializada en unidades de quemados, donde se aplican protocolos estrictos para minimizar infecciones, estabilizar la función vital y reducir complicaciones a largo plazo. El Ministerio de Salud señala que la mayoría de hospitales generales en municipios colombianos cuentan solo con recursos básicos, por lo que la remisión a centros especializados es obligatoria ante casos complejos.

Un abordaje multidisciplinario involucra médicos, psicólogos y trabajadoras sociales, con el objetivo de facilitar tanto la recuperación física como el proceso de reintegración social, lo que suele ser un desafío en zonas rurales con infraestructura limitada. De ahí la importancia de fortalecer las redes de referencia y atención integral para víctimas en situación de vulnerabilidad.