JEP imputa a nueve exjefes del Comando Conjunto Central de las Farc por crímenes de guerra en Tolima, Huila y Quindío

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves 29 de octubre a nueve exjefes del antiguo Comando Conjunto Central de las Farc por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en Tolima, Huila y Quindío, según información citada por El Espectador. Entre los implicados figuran Pablo Catatumbo Torres Victoria, Luis Eduardo Rayo, Henoc Capera Trujillo, Jhon Jairo Oliveros Grisales, Gustavo Bocanegra Ortegón, Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Wilson Ramírez Guzmán, Víctor Hugo Silva Soto y Raúl Agudelo Medina, conocidos por sus alias como “Pablo Catatumbo”, "Marlon", "Giovanni", "Armando Pipas", "Donald", "Gonzalo", "Teófilo González", "Erick" y "Olivo Saldaña".

Esta imputación abarca delitos como homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, ejecuciones sin garantías judiciales, tortura y maltrato, atentados contra la dignidad personal, ataques dirigidos a la población civil y ataques a hospitales, escuelas e iglesias. También se les atribuyen destrucción de bienes, saqueo, uso de minas antipersonal, desaparición forzada y persecución. Según la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, estos hechos dejaron “daños profundos e irreparables en la vida de las personas y las comunidades”, afectando generaciones enteras con secuelas físicas, emocionales y morales.

El proceso de la JEP analizó cerca de 600 expedientes de la justicia ordinaria, 54 informes entregados por víctimas y sociedad civil, así como versiones de 22 comparecientes de la antigua guerrilla, testimonios de 967 víctimas individuales y de cuatro sujetos colectivos. De acuerdo con la magistrada Giraldo Muñoz, las víctimas relataron con fortaleza el sufrimiento por la pérdida de seres queridos y la destrucción de su proyecto de vida. El estudio permitió identificar dos patrones: el control social y territorial, presente en el 78,4 % de los casos, y las hostilidades armadas contra la fuerza pública y adversarios, presentes en el 13,9 %.

Uno de los casos emblemáticos documentados es el asesinato de Ángela Yesenia Bríñez Ballesteros, personera de Roncesvalles (Tolima), quien fue víctima por denunciar violaciones de derechos humanos en su región. Además, en 2002, las Farc amenazaron a los alcaldes de 25 municipios del Tolima, obligando a 16 de ellos a trasladarse a la capital, Ibagué, mientras que los hostigamientos persistieron con el asesinato del candidato Mario de Jesús Cardona en 2003. La JEP recalca que, ante la persistencia del conflicto en Colombia, este fallo busca impedir la repetición de estos crímenes.

¿Qué consecuencias dejaron los crímenes imputados al Comando Conjunto Central de las Farc?

Según la magistrada Marcela Giraldo Muñoz y los informes analizados por la JEP, los crímenes dejaron daños irreparables, desde lesiones físicas permanentes hasta afectaciones emocionales y el desarraigo de las víctimas, con secuelas que aún persisten y que han traspasado varias generaciones.

¿Cómo investigó la JEP los delitos cometidos por el Comando Conjunto Central de las Farc?

La investigación de la JEP se basó en revisar cerca de 600 expedientes judiciales, analizar 54 informes de víctimas y organizaciones civiles, escuchar 22 versiones de exguerrilleros y recolectar testimonios de 967 víctimas individuales más cuatro sujetos colectivos reconocidos ante la justicia transicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.