¿Sin peajes y sin vías?: Así enfrenta Caldas el reto de financiar carreteras tras el paro nacional
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Visitar sitio¿Qué pasó con los $7 mil millones de los peajes tras el paro en Caldas? Alternativas y debates abiertos.
El diputado de Caldas, Jorge Hernán Aguirre, integrante del Partido Liberal, hizo un llamado público donde rememoró las gestiones del Gobierno departamental luego de los disturbios acontecidos en el contexto del paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021. Aguirre señaló que las autoridades actuaron con respeto hacia las protestas ciudadanas y, en respuesta a las acciones directas como la quema y daño de los peajes Quiebra de Vélez y La Estrella (vía a Neira), se buscó comprender el trasfondo de dichas manifestaciones y explorar respuestas pertinentes, especialmente ante el manejo de los recursos recaudados en esos puntos.
Las protestas, que escalaron hasta la destrucción de ambos peajes el 1 de mayo de 2021, dejaron sin operación estos puntos de cobro, lo que agravó la inquietud sobre el destino de los casi $7 mil millones que se recaudaban anualmente entre ambas cabinas. Según información publicada en LA PATRIA, este monto constituía un ingreso crucial para el sostenimiento y mantenimiento de las vías del sector.
Consciente del vacío financiero generado por el cierre de los peajes, el Gobierno departamental evaluó diversas alternativas para suplir estos recursos. Entre ellas, se contempló el apoyo económico de la Industria Licorera de Caldas, un actor institucional de relevancia regional, buscando así garantizar la atención y el mantenimiento adecuado de las vías afectadas. La búsqueda de soluciones evidenció la inquietud de las autoridades por asegurar la vialidad y seguridad sin requerir necesariamente la reactivación inmediata del cobro en los peajes clausurados.
Aguirre enfatizó la importancia de enviar a la ciudadanía un mensaje claro: existen alternativas para la financiación vial, más allá de recurrir a mecanismos coercitivos o estrictamente presupuestales. Su reflexión destaca la posibilidad de fortalecer la colaboración interinstitucional y explorar fuentes novedosas de ingresos, revalorizando así el rol de la administración local en la gestión transparente y adecuada de los recursos públicos, como también se ha reportado en otros análisis realizados por LA PATRIA y diversas entidades.
La experiencia reciente en Caldas abre el debate sobre la eficiencia de los modelos de recaudación ligados a la infraestructura vial y expone la potencialidad de estrategias que, en contextos de crisis social, puedan adaptarse a necesidades locales y enfoques de corresponsabilidad. Dicha postura invita a repensar el modo en que se financian las obras públicas y la relación entre el Estado y la ciudadanía ante demandas legítimas y protestas pacíficas o de hecho, sin dejar de lado el respeto por la legalidad y la búsqueda del bien común. Por lo tanto, la situación derivada de la suspensión de los peajes podría servir como referente para examinar la viabilidad de modelos mixtos de financiamiento público.
¿Qué impacto han tenido las protestas sociales en la financiación de la infraestructura vial en la región?
El cierre de peajes como consecuencia de manifestaciones ciudadanas ha tenido efectos directos en la disponibilidad de fondos para el mantenimiento y mejoramiento de las carreteras del departamento. Como se expuso en el análisis de LA PATRIA, la interrupción de estos flujos económicos forzó a las autoridades a buscar alternativas que permitieran suplir el déficit, evidenciando la dependencia de estos puntos de recaudo para la gestión de infraestructura vial.
Esta situación pone de relieve la necesidad de revisar los sistemas de financiación pública frente a escenarios de movilización social. La respuesta institucional en Caldas, que incluyó el apoyo de empresas estatales y una reflexión sobre métodos de recaudación menos coercitivos, puede ser un precedente importante. Así, se plantea la pregunta sobre qué modelos de financiación pueden equilibrar las necesidades del sector y el respeto por las expresiones sociales legítimas, sin que se vea afectada la prestación de servicios básicos como la movilidad y la seguridad vial.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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