Fiscalía judicializa al exalcalde de Ibagué y exfuncionarios por presuntas irregularidades en contrato del puente de la calle 60

La Fiscalía General de la Nación avanzó recientemente en un caso que involucra a figuras clave de la administración pública, tras judicializar al exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, junto a siete personas más. Todos son señalados por posibles irregularidades en el proceso de selección y posteriormente en la ejecución del contrato de interventoría para el puente de la calle 60, un proyecto que ha estado bajo la lupa en la capital tolimense desde hace varios meses. Este avance en la investigación se hizo público el 1 de octubre de 2026.

El contrato cuestionado tenía un valor que superaba los $2.997 millones y fue planteado con un plazo de ocho meses para realizar tareas de seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente y sus conexiones. Según la investigación de la entidad judicial, el consorcio encargado de la interventoría recibió más de $1.000 millones en pagos, aunque el avance fisico de la obra era inferior al 6 %. Las condiciones del acuerdo señalaban que los pagos debían corresponder al porcentaje realmente ejecutado en la obra, lo cual, según la Fiscalía, no se cumplió.

Uno de los puntos críticos para la Fiscalía fue el papel del comité evaluador jurídico, integrado entre otras personas por las exasesoras María Alejandra Arenas Plata y Angie Juliett Rojas Millán. El ente investigador destacó que dicho comité habría avalado y tramitado la propuesta presentada por el consorcio dirigido por Francisco José Restrepo Albarello, pese a una supuesta inhabilidad de este último para contratar con el Estado.

Además del exalcalde, en el proceso judicial se incluyen a la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González, los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez, así como las exasesoras Arenas Plata, Rojas Millán y el contratista Restrepo Albarello.

La Fiscalía imputó a los involucrados distintos delitos, dependiendo de su presunta responsabilidad, entre los que se encuentran peculado por apropiación (apropiación indebida de recursos públicos), interés indebido en la celebración de contratos (favorecimiento propio o de terceros en procesos contractuales), prevaricato por omisión (dejar de hacer lo que la ley obliga) y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Conviene subrayar que la judicialización constituye una etapa inicial del proceso penal y aún no implica condena para los señalados, quienes enfrentarán el proceso con las garantías del debido proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el contrato del puente de la calle 60 en Ibagué está bajo investigación?

La investigación de la Fiscalía General de la Nación señala presuntas irregularidades en la entrega y supervisión de los recursos públicos asignados al contrato de interventoría del puente de la calle 60. Los principales cuestionamientos se centran en pagos por más de $1.000 millones al consorcio interventor, cuando el avance real de la obra no superaba el 6 %, así como la posible aprobación de la contratación a pesar de presuntas inhabilidades legales del contratista, según datos oficiales del ente investigador.

¿Cuáles son los delitos imputados a los exfuncionarios y contratistas del puente de la calle 60?

De acuerdo con la Fiscalía, los delitos imputados incluyen peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Cada uno refiere a acciones como el uso irregular de recursos públicos, el favorecimiento injustificado en la contratación, la omisión de deberes legales y el desconocimiento de restricciones para contratar con el Estado.