Concejales denuncian que el edificio central del San Juan de Dios será demolido

En una carta dirigida a la ministra de Cultura, Patricia Ariza, nombrada por el presidente electo Gustavo Petro, concejales y concejalas de Bogotá, le piden la protección y salvaguarda del patrimonio público de la ciudad. “Nos permitimos solicitar a usted, en su calidad de ministra de Cultura Designada, proteger el edificio central del Hospital San Juan de Dios, declarado Patrimonio Cultural de la Nación”.

De acuerdo con el Concejo, hoy el edificio está en riesgo de ser demolido, por una decisión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, “quien otorgó a la Firma COPASA un contrato de Concesión para construir sobre el San Juan de Dios la nueva Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) Santa Clara”, señalaron.

(Vea también: Distrito quiere cambiar los paros por educación y reveló el listado de ‘Jóvenes a la U’)

En la carta, los concejales expusieron que el pasado 14 de febrero de 2022, la alcaldesa, a través de la Subred Centro-Oriente (SRCO), otorgó el contrato de Obra No. 02-BS-0008-2020, para el diseño, construcción, dotación, puesta en marcha y operación de la UPME el y el CAPS conjunto hospitalario San Juan de Dios.

“En adelante contrató a COPASA-SRCO, este contrato es de aquellos denominados “llave en mano”, que implican, la demolición, construcción y operación por cinco años del nuevo edificio de la nueva UPMES Santa Clara”, compartió el Concejo.

Asimismo, agregaron que para ellos, López “ocultó dentro de este contrato, una clara concesión de operación del nuevo edificio, sin que dicha concesión hubiese recibido la respectiva autorización del Concejo de Bogotá. Así lo hicimos saber a la Procuraduría”.

Otro de los argumentos, fueron:

• “La demolición de la torre central del Hospital San Juan de Dios, contenida en el Contrato COPASA-SRCO, se sustenta en la Resolución 995 de 2016, que fue modificada presuntamente sin la debida motivación técnica y jurídica, para cambiar el nivel de protección del edificio de dos a tres, con lo cual quedaba abierta la posibilidad de que dicho predio pudiese ser destruido, en contravía del contenido explícito de la ley 735 de 2002, que lo Declaró patrimonio cultural de la nación”. Frente a este argumento, el Concejo presentó una acción de nulidad simple contra esta Resolución, la cual aún no ha sido resuelta por el Consejo de Estado.
• Los concejales también presentaron una acción popular el pasado 5 de abril del 2021 para la “protección de los derechos colectivos, la defensa de patrimonio público, a la defensa del patrimonio cultural de la Nación y la defensa de la moralidad pública, con la solicitud de medida cautelar y para la salvaguarda de la moralidad administrativa”.
• “Tenemos conocimiento que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, adscrito al Ministerio de Cultura, ha dado aval para la demolición de la Torre Central del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, aunque no ha sido publicado el presunto acto administrativo. Esto nos llama poderosamente la atención, porque al parecer, sin que se publiquen los actos administrativos para asegurar la publicidad y la transparencia administrativa, se están adelantando gestiones para que, basados en ese concepto, se inicien las labores de demolición de una pieza fundamental del Patrimonio Cultural de la Nación”, señaló el Concejo, y agregó que con esto el contratista COPASA, tendría luz verde para “destruir la riqueza patrimonial de la nación, con la anuencia del Ministerio de Cultura, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Subred Centro-Oriente de la Secretaría de Salud de Bogotá”.

Por otra parte, para el Concejo se deben suspender todos estos trámites hasta que el nuevo Gobierno, “no haga una valoración integral de la situación del Complejo Hospitalario San Juan de Dios, y se resuelva las acciones jurídicas presentadas para la conservación de los bienes patrimoniales de Bogotá y el País”.

Leer: “Ya no hay justificación”: alcaldesa ordena sacar bicitaxis y mototaxis de Bogotá

“Esta pieza fundamental de nuestra historia, se encuentra en peligro, y se requiere la acción decidida del Nuevo Gobierno de Colombia para protegerlo, robustecerlo y devolver a la ciudadanía su servicio para el aseguramiento de los derechos fundamentales a la Salud”, complementaron.