Crisis en la salud de Antioquia: hospitales suspenden servicios por millonarias deudas de la Nueva EPS

El Hospital Alma Máter y la Clínica Cardiovid han tomado la drástica decisión de suspender sus servicios a los afiliados de la Nueva EPS, debido al considerable aumento de las deudas que esta Entidad Promotora de Salud –actualmente bajo control del Gobierno Nacional– mantiene con la red hospitalaria de Antioquia. De acuerdo con información publicada en El Colombiano, el hospital de la Universidad de Antioquia notificó formalmente el pasado 8 de abril al gerente regional de la Nueva EPS, Carlos Andrés Vasco Álvarez, la cancelación de una amplia gama de servicios. Esta medida extrema surge como respuesta a una deuda acumulada de $53.878 millones, la cual amenaza directamente la estabilidad y el funcionamiento de la institución médica.

En el comunicado enviado a la EPS, el hospital detalló que la decisión implica la suspensión de 485 servicios ambulatorios, la remisión a otros hospitales de 223 pacientes que estaban internados, y la interrupción de la atención a 1.154 personas beneficiarias de un programa de atención domiciliaria para enfermedades crónicas. Además, se suspendió el agendamiento de nuevos servicios ambulatorios para los usuarios de la Nueva EPS, lo que agrava la situación de quienes requieren atención médica continua.

La crisis financiera también ha impactado fuertemente al personal de salud. Según denuncias de los gremios médicos mencionadas por El Colombiano, el hospital no ha podido cumplir con el pago completo de nómina a enfermeros, médicos y especialistas. Con corte al 9 de abril, aún adeudaban el 45% del salario correspondiente a enero y los pagos totales de los meses de febrero y marzo, incluyendo los aportes a salud y pensiones.

Por otro lado, el grupo de Traumatología y Ortopedia se ha visto obligado a operar con insumos limitados en áreas de urgencias, internación y cirugía, comprometiendo la calidad de la atención. La Clínica Cardiovid, antes conocida como Clínica Cardiovascular, también informó el 10 de abril la suspensión temporal de sus servicios para afiliados de la Nueva EPS, fundamentando su decisión en el reiterado incumplimiento de los pagos acordados.

El panorama se ha tornado aún más crítico con las recientes declaraciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien expresó una fuerte preocupación por la sobreocupación de los servicios de urgencias, que alcanzan entre un 150% y 250%. El mandatario responsabilizó al Gobierno Nacional, a la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) y a la propia EPS intervenida, por no asegurar un flujo adecuado de recursos dentro del sistema. Además, afirmó que, a pesar de órdenes judiciales, las EPS bajo intervención estatal no han cumplido con sus obligaciones de pago.

Gutiérrez calificó la situación como una crisis humanitaria, señalando que el Gobierno de Gustavo Petro estaría desobedeciendo fallos judiciales y poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos. Solicitó a los organismos de control –Procuraduría, Contraloría General y Fiscalía– que revisen y actúen frente a esta problemática. Frente a estas declaraciones, la Adres respondió desmintiendo las acusaciones del alcalde y amenazó con tomar acciones legales por difamación.

No obstante la controversia, el fondo del problema sigue siendo el creciente endeudamiento de las EPS en Antioquia. Según un balance revelado a principios de año por la Secretaría de Salud de Antioquia, la deuda total de las EPS, entre las que se encuentran Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud, ya supera los $8 billones. De ese monto, $1,1 billones corresponden a la red pública y $3,8 billones a la red privada de atención en salud.

¿Qué significa la intervención estatal sobre una EPS y cómo afecta a los usuarios?

Una de las inquietudes más recurrentes entre los ciudadanos es el impacto que tiene la intervención estatal sobre una EPS (Entidad Promotora de Salud). La intervención ocurre cuando el Gobierno Nacional asume el control administrativo y financiero de una EPS para corregir deficiencias graves. Esta medida busca asegurar la prestación de servicios y evitar un colapso total que perjudique a los afiliados.

No obstante, como se observa en el caso de la Nueva EPS y las instituciones de Antioquia, la intervención no garantiza automáticamente el flujo de recursos ni el pago de las deudas existentes, lo que puede traducirse en la suspensión de servicios, demoras en la atención y mayores dificultades para los usuarios, especialmente quienes dependen de tratamientos constantes o de atención en casos críticos.