La corrupción está hecha a la medida del sistema político colombiano

Hay una coexistencia malsana entre las normas que regulan la contratación pública, los dirigentes y las empresas privadas.

“La contratación pública no puede estar para adjudicar a un solo proponente. No es transparente y menos cuando los que se retiran recibe pagos para garantizarle al que queda, el botín mayor”, manifestó la periodista Diana Calderón en su columna en El País de España.

Esto lo dijo la directora del servicio informativo de Caracol Radio después de describir la forma en la que han caído viejos caciques políticos en La Guajira y en Bogotá, señalados de ser los principales motores de la corrupción.

Lo que hay en Colombia y en el resto de países en los que la corrupción se instaló es un sistema que coexiste y continúa porque no hay claridad en las leyes que castigan este tipo de delitos, o porque los estatutos anticorrupción deberían ser más duros y exigentes.

Si la relación entre el sistema de contratación y la administración pública no fuera tan estrecha, dice Calderón, los fiscales no estarían tras la pista del pago de sobornos de la brasilera Odebrecht a exfuncionarios del Estado.

Tampoco “estaríamos investigando a la junta directiva del Banco Agrario que le prestó dinero a la concesionaria Navelena cuando el presidente de Odebrecht ya estaba preso”, agregó la directora informativa de Caracol Radio.

La periodista también abordó las denuncias del Centro Democrático contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi a quienes Calderón les pidió que si “no estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, será mejor que dejen el Twitter quieto y den respuestas contundentes en honor a sus carreras y a sus familias y amigos”.