Revelan tratos por debajo de cuerda de funcionarios de la Fiscalía en caso Odebrecht

Hace cuatro meses, la Fiscalía General de la Nación aseguró que no había firmado principios de oportunidad con ninguno de los pesos pesados del escándalo de Odebrecht que la justicia colombiana nunca ha tocado. Aseguró que esa afirmación que circuló en redes sociales era falsa.

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Sin embargo, al menos desde febrero del 2021, el ente investigador sí ha estado en acercamientos con varios ejecutivos de la multinacional brasileña que habrían hecho parte del entramado de corrupción que pagó sobornos a políticos y funcionarios públicos. Así lo demuestran decenas de correos electrónicos de un grupo de miles que fueron filtrados por el grupo Guacamayas, en uno de los hackeos más graves al búnker en toda su historia.

Según las comunicaciones conocidas por este diario, al menos altos ejecutivos como Marcio Marangoni, Amilton Hideaki Sendai y Yesid Arocha (colombiano) han estado aportando información a la Fiscalía en declaraciones hasta ahora desconocidas. El primero dio detalles inéditos de la filigrana de cómo, según él, ideó todo el esquema de contratos falsos e inflados. El segundo desmenuzó el paso a paso de los negocios con los que se pagaron millonarios sobornos. Y el tercero salpicó a políticos y empresarios cuyo rol en Odebrecht aún no ha sido esclarecido por la justicia, a pesar de que han pasado seis años desde que se conoció el rastro corrupto de esta constructora en Latinoamérica y Colombia.

Aunque por ahora la Fiscalía no ha firmado ningún acuerdo con los altos ejecutivos, el hecho de que sí esté patinando acuerdos que podrían darles algún beneficio penal, como la inmunidad total, contrasta con lo que otros países han conseguido para esclarecer lo sucedido con Odebrecht.

Por mencionar un ejemplo, Perú logró que los peces gordos de la multinacional fueran acreditados como testigos en procesos judiciales contra, incluso, presidentes de ese país y esos mismos ejecutivos fueron vinculados oficialmente a investigaciones penales. Mientras tanto, la justicia colombiana, pese a los anuncios en seis años, no ha vinculado a uno solo.