Vecinos exigen acciones urgentes ante consumo de drogas y habitantes de calle en calle 32 de la ciudad

La inquietud de los residentes se centra en el acceso del edificio situado en la calle 32 No. 22-08, área donde, según sus testimonios, se repite frecuentemente la presencia de personas que consumen sustancias psicoactivas y realizan actividades que afectan la convivencia y la percepción de seguridad. De acuerdo con información publicada por el diario LA PATRIA, los habitantes han observado cómo esta situación genera malestar constante e incrementa la preocupación sobre la convivencia en el sector. Las imágenes cedidas y difundidas por el medio ilustran la presencia habitual de habitantes de calle, quienes no solo usan el lugar para dormir, sino también como espacio para satisfacer necesidades fisiológicas, agudizando el problema.

Ante este escenario, la respuesta de la comunidad ha sido contundente: mediante una carta dirigida a la Alcaldía, solicitaron intervención integral por parte de la Secretaría de Gobierno Municipal y la Policía Nacional. Entre las principales exigencias están la ejecución de patrullajes periódicos, refuerzo de la presencia institucional, acciones sociales y cualquier otra medida capaz de recuperar la tranquilidad y el orden. La convocatoria para el control no solo surge de la incomodidad, sino también de la preocupación por el impacto negativo en la dinámica social y comercial del barrio.

A nivel operativo, la ciudad ha puesto en marcha un dispositivo diario que comienza cada día a las 4:00 a. m., liderado por la Secretaría del Interior y la Unidad de Protección a la Vida (UPV). Según explica la entidad a LA PATRIA, este procedimiento abarca la identificación y traslado de habitantes de calle al Servicio de Autocuidado, donde se les ofrecen servicios básicos de aseo personal, alimentación y vestimenta limpia, procurando atender sus necesidades inmediatas con dignidad. Paralelamente, la UPV desarrolla recorridos a pie en los puntos identificados como críticos, como el sector de Fundadores, para verificar el estado del espacio público y persuadir el desplazamiento de las personas hacia plazas de atención.

Estas intervenciones se coordinan con la Policía Nacional, especialmente cuando existen reportes de comportamientos ilícitos o posible expendio de estupefacientes. La Secretaría del Interior, en palabras de su asesor jurídico Jonathan Ruíz, precisa que se acogen disposiciones establecidas en la Ley 1801 de 2016, referente al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y que los controles se extienden —con mayor énfasis— en entornos escolares, donde el consumo está regulado especialmente dentro de un radio de 100 metros.

Otra de las estrategias para abordar el riesgo social radica en el programa “Pégate el parche”, el cual busca acercar alternativas educativas, sensibilización y actividades para evitar el consumo de estupefacientes, con especial atención a jóvenes en riesgo. La administración insiste en la importancia de no promover la mendicidad mediante la entrega de dinero o comida en vía pública, ya que estas acciones pueden alentar la permanencia indeseada en la zona y, en ocasiones, facilitar el consumo de sustancias prohibidas. Se subraya la necesidad de trabajo conjunto entre las autoridades y la comunidad, pues la eficacia de las acciones depende de la corresponsabilidad ciudadana en la transformación del espacio público y la reducción de problemáticas sociales asociadas.

¿Qué servicios ofrece el Servicio de Autocuidado a los habitantes de la calle?

El Servicio de Autocuidado representa uno de los primeros eslabones dentro de la respuesta institucional frente al fenómeno de los habitantes de calle en la ciudad. Según la información recopilada por LA PATRIA a partir de las declaraciones oficiales de la Secretaría del Interior y la Unidad de Protección a la Vida (UPV), este lugar acoge diariamente a personas trasladadas durante los operativos matutinos. Allí se garantiza el acceso al baño, la entrega de alimentos y ropa limpia, en un esfuerzo por dignificar las condiciones de vida de quienes suelen permanecer en el espacio público.

Este tipo de atención busca reducir el impacto en las zonas afectadas, minimizar riesgos sanitarios y ofrecer oportunidades de integración social bajo un enfoque de derechos y acompañamiento. La consolidación de estos servicios, junto al despliegue de patrullajes y campañas educativas, se perfilan como factores centrales para atender la problemática y restaurar la convivencia en lugares especialmente críticos.