¿Más dinero y menos resultados? El debate en Armenia sobre la crisis de los habitantes de calle sigue abierto

El Concejo Municipal de Armenia convocó recientemente a un debate, liderado por los concejales Felipe Villamil Ocampo y Germán Darío Grisales, para abordar la situación de los habitantes en condición de calle en la ciudad. En este encuentro participaron funcionarios públicos, líderes comunitarios y ciudadanos, quienes manifestaron preocupación ante la persistencia y supuesto agravamiento de la problemática, incluso a pesar del incremento de los recursos públicos destinados a su atención. Según lo debatido, la problemática no solo se mantiene, sino que muestra síntomas de estar aumentando, lo que ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de las acciones institucionales y la gestión de la política pública vigente.

Un punto central del debate fue el aumento sostenido del presupuesto para programas dirigidos a esta población vulnerable. El concejal Villamil Ocampo expuso que, aunque los recursos han crecido año tras año, no existen resultados claros y visibles que justifiquen esta inversión. Señaló además que la mayor parte de este presupuesto se destina a contratación, sin que ello se traduzca en mejoras tangibles en las calles de Armenia y que, a pesar de que transcurrieron más de cuatro años, la administración municipal no ha logrado equipar a la ciudad con una unidad móvil, considerada fundamental para las labores de atención. La falta de impacto real alimenta una percepción negativa entre los ciudadanos, quienes consideran deteriorada la situación respecto a la limpieza urbana y la seguridad.

El debate también puso de manifiesto que las acciones emprendidas hasta ahora conservan un carácter predominantemente asistencial, dejando de lado un enfoque estructural que permita atacar las causas de fondo, tales como la deserción escolar y el consumo de sustancias psicoactivas. Para Grisales, compañero de bancada de Villamil, la atención de la problemática es una responsabilidad compartida entre administración, concejo y sociedad. Resaltó que la mayoría de los esfuerzos se han desvinculado de la Ley 1641 y de la Ley 1801 de 2016, normativas que exigen a los municipios la formulación y ejecución de planes integrales obligatorios para enfrentar esta situación.

En el espacio de intervención ciudadana, voces como la de Gustavo Santos resaltaron que las soluciones adoptadas presentan un carácter superficial, enfocado en la inmediatez y el asistencialismo, sin modificar las condiciones estructurales que perpetúan la marginalidad. Santos insistió en la importancia de atender variables como la educación y la salud mental, y advirtió sobre el papel de sustancias legales, como el pegante, en la entrada al consumo de drogas, además del reto que representa el microtráfico en la ciudad.

Frente a las críticas, la secretaria de Desarrollo Social, Jenny Gómez Betancourt, defendió la política pública de la administración municipal, señalando avances en la articulación institucional y en la implementación de componentes de atención integral, entre ellos la reintegración familiar. No obstante, reconoció deficiencias en la estrategia original y en los mecanismos de medición de resultados, comprometiéndose a ajustes en beneficio de un mayor impacto. Gómez Betancourt destacó la complejidad del trabajo de campo, el aporte de los funcionarios y los esfuerzos por garantizar derechos fundamentales a través de procesos de atención directa y social.

En opinión de los participantes, el reto de erradicar la problemática de los habitantes en condición de calle exige una política pública integral, articulada y revisada periódicamente, que trascienda el asistencialismo e intervenga en causas estructurales de exclusión social.

¿Qué estipula la Ley 1641 para la atención a habitantes de calle?

La Ley 1641, citada reiteradamente en el debate del concejo, representa un marco normativo fundamental en Colombia para la atención integral de la población habitante de calle. Su relevancia radica en que establece lineamientos y procedimientos específicos que los municipios deben implementar obligatoriamente para responder de manera eficaz a esta problemática. Uno de sus principales aportes es exigir la formulación de una política pública que contemple prevención, atención y seguimiento, así como la articulación de las distintas entidades responsables.

Durante el debate en Armenia, tanto concejales como funcionarios y líderes ciudadanos coincidieron en que la correcta aplicación de esta ley podría mejorar la coordinación institucional y aumentar el impacto de los programas sociales. Sin embargo, criticaron que en la práctica, estas disposiciones no se han cumplido plenamente en la ciudad, lo que, según los intervinientes, limita la posibilidad de enfrentar el problema desde un enfoque integral y con resultados sostenibles a largo plazo. ¿De qué manera la aplicación efectiva de esta ley podría transformar la atención que reciben los habitantes de calle en contextos urbanos como el de Armenia?