“Se le rindió informe”: Petro estaba advertido de beneficios a capos en Itagüí desde hace un año

Tú navegador no es compatible para reproducir este audio

La exministra Ángela María Buitrago confirmó que entregó informes a Gustavo Petro sobre privilegios en Itagüí e injerencias de la senadora Isabel Zuleta.

La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha desatado una tormenta política tras revelar los motivos reales que la llevaron a abandonar el gabinete del presidente Gustavo Petro en mayo pasado. En una explosiva entrevista en revista Semana, la exfuncionaria señaló directamente a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, por presuntas injerencias indebidas en los centros carcelarios del país, particularmente en la cárcel de Itagüí, Antioquia.

Según el relato de Buitrago, antes de su salida del Gobierno, se encargó de informar detalladamente al jefe de Estado sobre las irregularidades que estaban ocurriendo bajo la bandera de la llamada “paz urbana”. La exministra aseguró que entregó un informe por escrito en marzo de 2024 y que, posteriormente, en abril, sostuvo una conversación personal con el presidente Petro durante una visita al centro de reclusión de Acacías, en el Meta. En dicho encuentro, le manifestó su preocupación por cómo se estaban saltando los protocolos de seguridad.

El punto de mayor fricción, de acuerdo con la exministra, radicaba en la dificultad para ejecutar operativos de control en las cárceles donde se encuentran recluidos los capos de organizaciones criminales que fungen como voceros de paz. Buitrago explicó que, cada vez que el Ministerio de Justicia o el Inpec intentaban realizar diligencias para incautar elementos prohibidos o restablecer el orden, recibían mensajes de presión.

La narrativa impuesta, presuntamente impulsada por la senadora Zuleta, sugería que cualquier intervención estatal fuerte dentro de las cárceles pondría en riesgo los diálogos de paz. “Llegaba un mensaje en donde se decía que obviamente se iba a dañar un proceso de paz y que era responsabilidad de la ministra”, afirmó Buitrago, subrayando que la injerencia política estaba vulnerando la jerarquía y la responsabilidad legal que ella ostentaba como cabeza del sector justicia.

La gravedad de las denuncias no se queda solo en el ámbito mediático. Ángela María Buitrago confirmó que todas las evidencias, incluyendo los informes presentados al Ejecutivo y los detalles de las omisiones por parte de algunos guardianes del Inpec, ya han sido aportadas a las investigaciones que adelantan la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

Estas investigaciones buscan determinar si la senadora Isabel Cristina Zuleta abusó de su investidura para facilitar beneficios y privilegios a delincuentes de alto perfil, interfiriendo en las funciones propias de la guardia penitenciaria. Para Buitrago, la situación era insostenible: “No se podían interrumpir los protocolos carcelarios por intereses externos”.

Este nuevo capítulo de crisis interna en el “Gobierno del Cambio” pone bajo la lupa la transparencia de los procesos de la Paz Total y el alcance de la influencia de los congresistas en la administración de justicia y el sistema penitenciario colombiano.