El panorama sobre la desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda dio un giro inesperado tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Aunque la Gobernación de Antioquia y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ya daban por hecho el asesinato del comunicador en el municipio de Briceño, el jefe de Estado desautorizó estas versiones asegurando que, a la fecha, no existe evidencia física que confirme su deceso.
Pérez Rueda, director de la revista El Confidente de Yarumal, desapareció el pasado 5 de mayo mientras se dirigía a la vereda Palmichal para cubrir la crítica situación de orden público en la zona. Según el mandatario, el joven ““Entró a una zona de la de más altas de homicidios… No fue a buscar oro, fue, al parecer, a sacar fotos del paisaje para su periódico… Entró a la zona de la lucha por el oro”, motivado por su labor periodística, pero recalcó que la orden para la Fuerza Pública es mantener los operativos de búsqueda activos.
La polémica no se quedó solo en los reportes oficiales. La abogada y periodista Ana Bejarano cuestionó duramente al Ejecutivo, señalando que el joven habría muerto en una zona controlada por alias ‘Calarcá’, cabecilla de las disidencias de las FARC que participa en los diálogos de paz.
La respuesta de Petro no se hizo esperar: “Señora periodista, nada indica por ahora lo que usted dice. No predetermine ni prejuicie”, escribió textualmente el mandatario en sus redes sociales, enfatizando que en el sector operan múltiples grupos criminales en conflicto y que con ninguno existe actualmente un cese al fuego.
El trasfondo de la desaparición de Mateo Pérez es una violenta disputa territorial. La Secretaría de Seguridad de Antioquia señala directamente a Jhon Edison Chala, alias ‘Víctor Chala’, cabecilla del Frente 36 de las disidencias, como el principal sospechoso de la retención del periodista.
Las autoridades mantienen una recompensa de 300 millones de pesos por este cabecilla, responsable de desplazamientos masivos en la región. Mientras tanto, el estatus de Mateo Pérez sigue siendo el de desaparición forzada en zona de combate, a la espera de que el Gobierno Nacional o la Fuerza Pública hallen pruebas concluyentes que pongan fin a la incertidumbre entre la Casa de Nariño y la administración departamental.