Ricardo Roa habría ordenado interceptar celulares de 70 funcionarios; Petro lo defiende

Gustavo Petro salió en defensa de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol luego de la polémica que se ocasionó por la adjudicación de un contrato de cinco millones de dólares a la firma estadounidense Covington & Burling LLP.

(Vea también: Festeja Luis Carlos Sarmiento: vendió negocio muy rentable en Colombia; ¿quién lo cogerá?)

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario colombiano negó que existan irregularidades en el proceso y aseguró que las versiones difundidas en medios y redes sociales carecen de veracidad.

“Muy chistoso: en la lista de personas para interceptar por la firma norteamericana aparece el presidente Ricardo Roa”, aseguró el mandatario en un corto trino.

El contrato en cuestión está relacionado con la evaluación de riesgos reputacionales para la petrolera estatal. Inicialmente, la firma Control Risk ejecutó un análisis sobre el impacto que podría tener la figura de Roa en la imagen de la empresa.

Además, en otra oportunidad el jefe de Estado aseguró que: “Toda la información sobre el contrato de Ecopetrol por 5 millones de dólares, contratos que se hacen desde el 2008, resultó falsa”, según recogió Caracol Radio.

Posteriormente, y por recomendación de la firma Miller & Chevalier, se abrió un concurso para contratar una segunda opinión jurídica internacional, que fue adjudicada a Covington & Burling LLP.

Señalan a presidente de Ecopetrol de supuestas interceptaciones telefónicas

Un documento revelado recientemente provoca un gran revuelo en Ecopetrol. Según información publicada por la revista Semana, una orden interna habría autorizado la intervención y retención de comunicaciones de alrededor de 70 altos ejecutivos, incluidos miembros de la junta directiva, por instrucciones que, al parecer, provinieron de la alta gerencia.

En la misiva, clasificada como “confidencial”, se instruyó de manera explícita la conservación íntegra —sin alteraciones ni eliminaciones— de toda la información relacionada con los funcionarios señalados.

Esta disposición habría abarcado correos electrónicos, archivos físicos, digitales y magnéticos, así como el contenido de computadores, celulares y tabletas.

La medida fue oficializada en diciembre de 2024, con la firma de Alberto José Vergara, director corporativo de cumplimiento, y debía mantenerse bajo estricta reserva.

Fuentes consultadas por la revista afirman que la decisión habría sido impulsada por el incremento de filtraciones de información a medios de comunicación.

Según uno de los miembros de la junta directiva, el propósito era identificar al responsable de dichas filtraciones y contener la fuga de datos sensibles. Al parecer, fue el propio Vergara quien coordinó este procedimiento, lo que desató tensiones internas dentro de la compañía.

El efecto inmediato de estas acciones fue la renuncia de Mónica de Greiff como integrante de la junta directiva. Aunque inicialmente se especuló que su salida respondía a cambios en la presidencia de Ecopetrol, fuentes cercanas confirmaron que su decisión obedecía, principalmente, a su malestar por las interceptaciones, consideradas como el detonante final.

Por su parte, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol en ese momento y señalado como el posible responsable de haber ordenado la investigación, negó categóricamente haber emitido esa instrucción.

Sin embargo, Roa afirmó que él mismo fue uno de los afectados por la retención de datos y que reportó oportunamente la situación a la junta directiva.

Entre las personas cuyos datos fueron puestos bajo vigilancia y almacenados se encuentran altos directivos como Luis Alberto Zuleta, Rafael Ernesto Guzmán Ayala, Nicolás Azcuénaga Ramírez, Fabio Ortega, Alberto Enrique Consuegra, Elsa Jeanneth Jaimes, Germán González, Vicky Rocío Vélez Rodríguez, Benjamín Fernández, Alexander Cadena, Pilar Marulanda y Julio Corredor, entre otros.

¿Qué se sabe del contrato de Ecopetrol con Covington & Burling LLP?

El contrato fue aprobado con la participación de tres miembros de la junta directiva: Luis Alberto Zuleta, Guillermo García Realpe y Álvaro Torres. Aunque surgieron cuestionamientos sobre el incremento del costo y la supuesta falta de aval formal por parte de la junta, fuentes oficiales aseguran que este tipo de contrataciones internacionales son habituales desde 2008.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, también defendió la legalidad del proceso. En redes sociales, cuestionó a los medios que, según él, publicaron información sin verificar, y posteriormente debieron rectificar.

Las autoridades han reiterado que todo el procedimiento se dio bajo las normas internas de Ecopetrol y con total transparencia. Sin embargo, su finalidad habría sido la ejecución de las interceptaciones.

Petro, por su parte, hizo un llamado a no distorsionar el debate público y recordó que este tipo de contratos forman parte de las prácticas regulares de gestión de riesgos reputacionales en la empresa.