Grupos armados extienden control a 600 municipios y ponen en jaque las elecciones en Colombia

El panorama de riesgo electoral en Colombia ha experimentado una transformación radical en los últimos cuatro años, lo que pone en evidencia profundas amenazas a la seguridad y legitimidad de los procesos democráticos. La presencia de grupos armados ilegales que antes tenían injerencia en aproximadamente 150 municipios, ahora se extiende a más de 600 localidades, tal como lo señala un reporte de Semana. Este crecimiento exponencial del control territorial ilegal impacta directamente a cerca de nueve millones de ciudadanos sometidos a diversas formas de coacción y amenazas que buscan condicionar el ejercicio libre del sufragio.

De acuerdo con la información reunida por el medio mencionado, en departamentos como Caquetá, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Meta, grupos como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra han instaurado administraciones paralelas, estableciendo normas de comportamiento, limitando la movilidad y definiendo quiénes pueden o no postularse a cargos públicos. Además, quienes desafían sus mandatos enfrentan el desplazamiento forzoso o incluso amenazas de muerte.

El control ejercido por estos actores incluye la práctica de la carnetización obligatoria —la entrega forzada de documentos de identidad para vigilancia— y una supervisión estricta de horarios y actividades, según describe Semana. Las juntas de acción comunal, bajo amenazas, deben proporcionar listados completos de residentes y detallar sus inclinaciones políticas. Un ejemplo particularmente ilustrativo es el de Catatumbo, donde líderes sociales advierten que únicamente pueden hacer campaña los candidatos que cuenten con la aprobación de dichos grupos armados, evidenciando la eliminación de cualquier opción para un voto libre y secreto.

Este patrón se replica en regiones como Jamundí y otras zonas de Cauca y Nariño, donde se han impuesto votaciones en bloque y se han documentado grabaciones comprometedoras que muestran a cabecillas ordenando apoyar a candidaturas específicas bajo amenazas de represalias. El crimen organizado también perfila e intimida a los aspirantes, bloqueando sistemáticamente la participación opositora; en municipios del Cesar y áreas metropolitanas como Barranquilla, la entrada de políticos se restringe violentamente, según testimonios recogidos por Semana.

La amenaza sobre la democracia se acentúa cuando en ciudades como Medellín y Barranquilla se denuncia la existencia de financiamiento electoral con dinero del narcotráfico y el control del proselitismo electoral a cargo de estos grupos. El exministro de Defensa, Diego Molano, advirtió el riesgo de que las próximas elecciones se celebren “bajo la sombra del fusil”.

La situación es motivo de preocupación nacional: la Federación Nacional de Departamentos ha hecho un llamado urgente al Gobierno para fortalecer el denominado Plan Democracia y la Registraduría Nacional identificó 104 municipios en máxima alerta por riesgos armados, a pesar de planear la instalación de 7.450 puestos rurales de votación. Por su parte, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) han subrayado la necesidad de respuestas diferenciadas frente a la fragmentación de grupos ilegales y del despliegue adecuado de la fuerza pública para salvaguardar la vida de funcionarios y garantizar elecciones legítimas.

En este contexto, Leonardo González, integrante de Indepaz, subrayó que el fenómeno de gobernanza armada tiene impactos directos en la vida política regional al controlar los puntos de votación y la organización comunitaria local. Tal como revela la MOE, entre 2022 y 2025 los incidentes de violencia política registran un incremento del 179 %, evidencia de un escenario donde la democracia colombiana se ve sometida a presiones sistemáticas que ponen en entredicho la voluntad popular.

¿En qué consiste la carnetización forzada en el contexto electoral colombiano?

La carnetización forzada es una medida impuesta por grupos armados en distintas regiones del país, según los reportes citados por Semana. Esta práctica obliga a los habitantes a portar un documento de identidad proporcionado u homologado por los actores ilegales, que facilita el seguimiento y control personalizado sobre el comportamiento electoral de cada ciudadano en zonas bajo amenaza.

Su relevancia reside en el impacto directo que tiene sobre la libertad de voto y la seguridad de las personas. Al ser una herramienta de vigilancia sistemática, la carnetización convierte cualquier intento de autonomía electoral en una potencial afrenta a las órdenes criminales, anulando no solo la confidencialidad del voto, sino también la posibilidad de participación democrática genuina en estos territorios.