Grupos armados ejercen presión sobre votantes en la segunda vuelta presidencial de Colombia, alerta la Defensoría del Pueblo

La segunda vuelta presidencial en Colombia está marcada por la presión directa de diversos grupos armados ilegales, de acuerdo con los datos expuestos por la Defensoría del Pueblo. La defensora Iris Marín alertó durante la instalación de la Misión de Observación Internacional de las Elecciones Colombia en Bogotá, sobre la preocupante cifra de 40 eventos recientes de presión a electores detectados por esta entidad. Según la funcionaria, las acciones intimidatorias ocurrieron especialmente en Valle del Cauca, Nariño y Antioquia, departamentos donde se presentan dinámicas ya conocidas de influencia armada sobre la población durante los procesos electorales.

De acuerdo con Marín, estos grupos ilegales han estado imponiendo orientaciones de voto y prohibiendo el apoyo a determinadas candidaturas. En muchos casos, los ciudadanos son obligados a acudir a reuniones comunitarias donde les indican cómo deben sufragar, y reciben amenazas de represalias tanto individuales como colectivas según los resultados electorales. Los mecanismos de control social y territorial empleados para asegurar la obediencia incluyen la carnetización obligatoria de la población, la exigencia de certificado electoral como requisito de circulación, y la verificación cruzada de censos comunitarios frente a los resultados de votación.

La gravedad de estos hechos radica en que, según palabras de Marín, la libertad de elección y los derechos políticos de las comunidades están en riesgo. Este contexto cobra fuerza con casos como el documentado por El Colombiano en el norte de Antioquia. Según este medio, el frente 36 de las Farc—adscrito al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) y comandado por Alexánder Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’—distribuyó mensajes por WhatsApp exigiendo el certificado electoral del 21 de junio, bajo amenaza de sanción a quienes no lo presenten ni puedan justificarlo. Además, se prohibió el proselitismo político a favor de la llamada ultraderecha, exigiendo descargos ante la organización guerrillera a quienes incumplan.

Esto ha motivado visitas oficiales a las zonas afectadas, como la del gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, y delegados de la Fuerza Pública, quienes buscan dar mayor tranquilidad a la población afectada. Por otro lado, el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denunció que el grupo de ‘Calarcá’ exige a los ciudadanos pruebas fotográficas del voto y listados de feligreses a iglesias cristianas, bajo el supuesto de evitar votos contrarios a los intereses de la disidencia.

Por último, la defensora Marín advirtió sobre un aumento de la violencia verbal y mediática en campañas políticas, atribuyéndolo a seguidores y líderes de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Después de la primera vuelta, la Defensoría reportó 431 nuevos casos de violencia contra candidaturas presidenciales y vicepresidenciales, con mayor incidencia de estigmatización, difamación, lenguaje ofensivo y actos de discriminación y racismo.

¿Cómo afectan los grupos armados ilegales el proceso electoral en Colombia?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los grupos armados ilegales inciden en las elecciones mediante presión directa a los votantes, imposición de orientaciones de voto, amenazas, control territorial y restricciones a la libertad política. Estas acciones buscan influenciar el sentido del voto, vulnerando la democracia y los derechos ciudadanos en diversas regiones afectadas por el conflicto armado.

¿Qué mecanismos utilizan las disidencias de las Farc para controlar el voto en las comunidades?

Según la documentación citada por El Colombiano y las denuncias de autoridades como la Defensoría del Pueblo, las disidencias de las Farc recurren a estrategias como la carnetización de la población, exigencia de certificados electorales, verificación de censos, amenazas, limitación del proselitismo político y requerimiento de pruebas fotográficas del voto, con el fin de asegurar el apoyo a sus candidatos afines y restringir la libertad electoral en los territorios bajo su influencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.