Colombia rompe el secreto: así se gestó la polémica compra de aviones Gripen y sus nuevas exigencias sociales

La reciente adquisición de una flota de aviones de combate Gripen, fabricados por la compañía sueca SAAB, por parte del gobierno colombiano ha suscitado una exhaustiva inspección por parte de la Contraloría. Este organismo de control anunció el miércoles que adelanta una investigación especial sobre las condiciones y procesos de contratación de este costoso paquete de defensa. Según información divulgada por la entidad, el acceso a la documentación relevante no fue sencillo: se requirieron múltiples inspecciones presenciales en las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) para obtener archivos clasificados como “secretos” y “ultrasecretos”.

La Contraloría fue enfática al señalar que el carácter reservado del expediente no podía obstruir la vigilancia estatal. Gracias a insistencias legales, sus delegados vencieron las barreras de confidencialidad, revisando a fondo el archivo que define la compra de los nuevos aviones suecos, cuyo contrato fue finalmente cerrado en 16,5 billones de pesos para 2025 —un alza sustancial frente a la oferta inicial de 10 billones de pesos presentada por SAAB. El aumento del 65 % en el presupuesto, de acuerdo con la empresa, responde a la adición de proyectos tecnológicos orientados al empleo y el impacto social nacional, como la construcción de plantas de agua potable y de producción de paneles solares, así como mejoras técnicas al modelo estándar de los aviones.

El proceso de selección y adquisición de la nueva flotilla no fue una decisión unilateral o apresurada. El Ministerio de Defensa barajó múltiples opciones para sustituir los antiguos aviones Kfir, de origen israelí y fabricados en los años ochenta, que ya han superado su vida útil. Entre los modelos considerados se encontraban el F-16 estadounidense, el Rafale francés, el Eurofighter Typhoon europeo y el J-10CE chino. Sin embargo, la comparación técnica y económica entre ofertas llevó a la elección del Gripen sueco.

El informe de la Contraloría esclarece que la contratación se hizo directamente con SAAB, por un monto superior a 3.135 millones de euros, evitando así fluctuaciones en la tasa de cambio al pactar un precio fijo. La auditoría revisó no solo la propuesta sueca sino también las de otros fabricantes internacionales. Sin embargo, solo Saab y Dassault (Francia) entregaron información suficiente para un análisis comparativo riguroso. El acuerdo con SAAB incluye, además de los 17 cazas avanzados, un paquete integral que cubre formación técnica, soporte logístico y equipamiento estratégico.

El esquema de pago proyectado contempla un anticipo equivalente al 40 % del monto total, pagadero en seis cuotas entre 2026 y 2031. El 60 % restante se desembolsará conforme se entreguen las aeronaves, entre 2028 y 2032. El proceso, según concluye la Contraloría, se ajusta a los requerimientos legales, pero el organismo insiste en que continuará con un seguimiento exhaustivo durante al menos el primer semestre de 2026, incluso ante el carácter reservado del expediente.

La decisión final de optar por el Gripen sueco sobre sus competidores franceses y estadounidenses se basó en tres elementos diferenciadores: menor costo operativo y de mantenimiento, la capacidad de maniobrar en pistas cortas e improvisadas, y la promesa de entrega más rápida, vital para reemplazar los Kfir sin afectar la defensa nacional. Asimismo, cabe destacar el modelo de créditos Offset incluido en el acuerdo: el 85 % se destinará a proyectos sociales bajo la gestión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y el 15 % restante se invertirá en fortalecer la industria aeronáutica del país.

¿Qué implica el modelo de créditos Offset en la contratación de defensa?

El modelo de créditos Offset, tal como quedó estipulado en el contrato con SAAB, consiste en una serie de compromisos de inversión y compensaciones por parte del proveedor extranjero, destinados tanto al desarrollo social como industrial en el país comprador. Según el informe revisado por la Contraloría, un 85 % de estas compensaciones se dirigirá a componentes sociales gestionados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mientras que el 15 % beneficiará directamente la industria aeronáutica nacional.

Este modelo Offset es relevante para el contexto colombiano porque transforma parte de la inversión en defensa en estímulos para el desarrollo económico y tecnológico, buscando dejar un impacto más allá de la adquisición de los aviones en sí. Así, se pretende no solo modernizar la defensa aérea, sino también impulsar la innovación local y el bienestar social con infraestructura útil para el país.