Gabinete de Petro no asiste al debate urgente del Senado sobre emergencia económica: crecen las tensiones

El Senado de la República citó a todos los ministros del gobierno de Gustavo Petro a un debate de control político con el objetivo de abordar el reciente decreto de emergencia económica. Esta disposición buscaba que el Ejecutivo explicara detalladamente los fundamentos y alcances de dicha medida, que ha causado intensos debates y generado preocupación en diversos sectores políticos del país, especialmente de cara al año 2025. No obstante, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que los miembros del gabinete no acudirán a la cita, lo que incrementó la tensión y las críticas respecto al nivel de transparencia y diálogo entre el Gobierno y el Congreso.

La convocatoria al debate surgió tras una sesión plenaria atípica del Senado, realizada fuera del periodo ordinario, donde se aprobó la proposición para citar a los ministros del gabinete presidencial. El eje de la discusión reside en la emergencia económica decretada recientemente, la cual otorga al Ejecutivo la facultad de expedir decretos con fuerza de ley para afrontar una crisis fiscal que, según el documento presentado por el Gobierno, no podría resolverse mediante los mecanismos estatales habituales. El propósito inmediato de la medida excepcional es la posibilidad de crear nuevos impuestos, modificar los ya existentes de manera temporal y llevar a cabo maniobras presupuestarias que eviten posibles escenarios de parálisis económica o social.

El Congreso pretendía exigir al Gobierno que detallara hechos específicos y verificables que justificaran tanto la alteración del orden económico y social como la utilización de este recurso extraordinario. Buscaban, además, claridad sobre por qué se declaró la emergencia justo en este momento y no antes, así como el impacto fiscal de los decretos legislativos que de allí se deriven. No obstante, Armando Benedetti adujo que, conforme al artículo 155 de la Constitución, los ministros cuentan con cinco días para responder el cuestionario del Senado y que, por ende, no corresponde su comparecencia inmediata hasta que se cumpla este término legal.

“La citación está a tres días, pero según la Constitución y la ley, hasta que no transcurran cinco días y yo haya respondido, no es momento de asistir”, manifestó Benedetti en una entrevista radial recogida por W Radio. Añadió que la decisión se notificó a todos los ministros y fue comunicada también al presidente del Senado, Lidio García. En ese marco, Benedetti previó una controversia inminente por parte de los sectores reclamantes.

Por su parte, el senador García coincidió en que solamente después de la entrega del informe oficial sobre la emergencia económica se podrá efectuar la citación formal al gabinete. Explicó, en conversación con Blu Radio, que el Gobierno dispone de treinta días, más diez adicionales, para acudir con el informe, por lo que el control político podrá desarrollarse en ese plazo. Aun así, el Congreso anunció que este lunes iniciará el estudio del decreto, sin detener su agenda legislativa, aunque esperando los tiempos legales para la comparecencia de los ministros.

Entretanto, la oposición, liderada por el senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical, calificó la inasistencia del gabinete como un intento de evadir el escrutinio público. Según sus declaraciones, la actitud del Gobierno revela una falta de disposición para la confrontación democrática, apelando a recursos formales para demorar el debate sobre la emergencia económica.

Todo este escenario, basado en información recogida en medios como W Radio y Blu Radio, perfila una compleja relación entre Ejecutivo y Legislativo alrededor de una de las medidas más delicadas del actual gobierno: la emergencia económica y sus consecuencias para el país.

¿Qué implica el artículo 155 de la Constitución en este contexto?

El artículo 155 de la Constitución fue citado por el ministro del Interior como fundamento para no asistir de inmediato al debate en el Senado por la emergencia económica decretada. Según dicha norma, los ministros tienen un plazo de cinco días para responder el cuestionario elaborado por el Congreso antes de presentarse a un debate de control político.

Esta disposición busca garantizar que la información requerida por el Legislativo sea suministrada adecuadamente y dentro de plazos preestablecidos, favoreciendo así la preparación y la profundidad de los debates. Sin embargo, la interpretación de este artículo puede convertirse en foco de controversia cuando se enfrenta a situaciones de urgencia, como la actual emergencia, donde una parte del Congreso demanda respuestas inmediatas frente a decisiones gubernamentales de gran impacto nacional.