Gobierno Petro firmó millonario contrato para su defensa ante sanciones de EE. UU.

El acuerdo para asumir la defensa del Gobierno frente a sanciones financieras internacionales por $ 10.000 millones quedó suscrito el 9 de enero.

El contrato firmado por el Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) que asciende a un valor de COP 10.000 millones para la defensa del Gobierno en temas de sanciones financieras internacionales fue firmado el 9 de enero con la firma de abogados Amadeus Consultancy Limite, que tiene sede en el Reino Unido.

El contrato por un tiempo de cuatro meses busca defender al Estado colombiano en temas de sanciones financieras internacionales.

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Según lo indica la página del Secop II el objeto del contrato es “prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras; así, como la elaboración de conceptos técnicos, análisis de riesgo institucional y recomendaciones jurídicas estratégicas”.

Sin embargo, Germán Ricaurte, candidato a la Cámara por el Nuevo Liberalismo, quien realizó la denuncia, sostiene que el fin de este contrato es defender al presidente Gustavo Petro, sus familiares, y funcionarios como el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras ser incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Debido a que la firma Amadeus Consultancy Limited cuenta con una trayectoria internacional en la defensa ante situaciones relacionadas con la lista OFAC. Como la representación de una empresa logística de Europa del Este en la impugnación de su caso en la lista Clinton y en una acusación ante un tribunal de distrito en EE. UU.

En la firma contratada por el Dapre figura Daniel Kovalik, abogado que asumió la defensa del presidente Gustavo Petro ante su ingreso a la “lista Clinton”, según anunció el propio mandatario en sus redes sociales el pasado octubre.

El contrato se firmó dos días después de la llamada entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, donde anunciaron una reunión en la Casa Blanca. Y ha generado una ola de críticas, como la realizada por la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), quién lo catalogó como un proceso personal del presidente, que no tiene que ver con la institución.

“Otra farsa del gobierno Petro. Mientras el abogado de Petro decía que su defensa internacional sería “pro bono”, la Presidencia firmó un contrato por $10.000 millones de pesos con AMADEUS Consultancy (UK) para su proceso ante la inclusión en la lista OFAC”, aseveró Cabal.

Mientras tanto, la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) pidió a los organismos de control adelantar las investigaciones correspondientes sobre este proceso licitatorio. Según sostuvo, el contrato podría implicar presuntas irregularidades como uso indebido de recursos públicos, posible detrimento patrimonial, vulneración de los principios de la contratación estatal e incluso peculado.

“Este servicio jurídico, que según el abogado Daniel Kovalik era gratuito, terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario a su firma de abogados financiado con los impuestos de todos los colombianos, sin que exista hasta ahora una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación”, afirmó Miranda.

 

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