Gobierno metió decreto para revolcar a colombianos en diferentes EPS: así será la redistribución

El Gobierno Nacional impuso límites de afiliados y participación; si su EPS es "pequeña" en su municipio, prepárese porque lo van a trastear de entidad.

El Gobierno de Gustavo Petro le metió el acelerador a su reforma a la salud, esta vez por la vía administrativa. Con el Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, se ordenó un “trasteo” masivo de afiliados que cambiará la forma en la que los colombianos están repartidos en el sistema. La orden es clara: EPS que no tenga fuerza en una región, se va. 

La nueva norma establece que el derecho a operar en un territorio ya no es permanente, sino que depende de cuánta gente tengan afiliada. El decreto impuso un sistema de cuotas que suena a sentencia para las entidades con baja participación:

En las grandes ciudades: si una EPS tiene menos del 3 % de los afiliados en municipios de más de 500.000 habitantes, queda por fuera. En los pueblos: En municipios pequeños (entre 20.000 y 30.000 personas), solo podrán existir dos EPS.

Las demás tendrán que entregar sus pacientes y cerrar su operación allí. A nivel departamental: En regiones grandes, solo se quedan las que tengan más del 5 % de la torta de afiliados; en las medianas el 10 %, y en las pequeñas se les exige hasta un 15 %.

Si usted vive en un municipio donde su EPS tiene muy poquitos usuarios, lo más probable es que sea reasignado. El proceso es exprés: el Ministerio de Salud y la ADRES tienen apenas 5 días hábiles (que empezaron a contar desde hoy 26 de febrero) para mover las fichas y decidir a dónde mandan a la gente.

Las reglas del juego para el usuario

Para que no lo cojan fuera de base, estas son las condiciones del “revolcón”:

• Continuidad: La nueva EPS que lo reciba tiene 15 días para organizar su red y asegurar que a usted no le cancelen citas o cirugías.
• ¿Se puede cambiar?: Si el “matrimonio” con la nueva EPS no funciona, podrá pedir traslado a otra, pero solo después de 60 días de haber sido asignado.
• Prioridad indígena: Las EPSI serán las receptoras obligatorias para la población indígena registrada. Este rediseño territorial tendrá una vigencia de cinco años y será vigilado con lupa por la Supersalud. El objetivo del Gobierno es eliminar la dispersión de afiliados, pero el reto será evitar que el trasteo se convierta en un dolor de cabeza para los pacientes con tratamientos en curso.