Gobierno de Colombia deroga restricción y abre paso a eventual reanudación de aspersión aérea con glifosato

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha derogado la norma que, desde 2015, mantenía suspendida la aspersión aérea con glifosato destinada a la erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. Según lo publicado por El Diario, esta decisión, formalizada en la Resolución 0006 de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes, elimina los efectos de la Resolución 6 expedida durante el gobierno de Juan Manuel Santos y firmada ahora por el viceministro de Política Criminal, Carlos Gónima Díaz-Granados. Si bien la derogatoria abre la posibilidad de retomar la aspersión como herramienta de combate contra los cultivos de coca, la medida no permite que las fumigaciones inicien de inmediato.

La resolución recalca que su entrada en vigor “no implica la reanudación automática” del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea ni constituye una autorización directa para operar aeronaves en dichas labores. El Gobierno está obligado a cumplir varias condiciones previas, estipuladas tanto en la normativa nacional como por fallos de la Corte Constitucional. Entre estos requisitos se incluye la necesidad de un Plan de Manejo Ambiental General vigente, autorizado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), así como procesos de consulta previa con comunidades étnicas potencialmente afectadas. Asimismo, se exige un concepto del Instituto Nacional de Salud sobre los riesgos a la salud y la eliminación de actuales medidas preventivas. Cada zona intervenida debe tener también un plan de manejo ambiental específico y aprobado.

La aspersión aérea con glifosato fue suspendida luego de que, en 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificara el herbicida como “probablemente cancerígeno”. No obstante, según El Diario, una evaluación de la Organización Mundial de la Salud y la FAO indicó después que la exposición a glifosato a través de alimentos, en niveles permitidos, probablemente no causa cáncer en personas. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-236 de 2017, reconoció riesgos para la salud humana, por lo que ordenó la implementación de medidas para mitigarlos y la garantía de consulta previa a comunidades étnicas. El alto tribunal dejó en claro que no existe una prohibición absoluta del glifosato, pero sí condiciones estrictas para su posible reanudación.

En paralelo, el informe oficial de monitoreo de 2024 señala que Colombia cerró el año con 261.000 hectáreas de coca, un aumento del 3,5 % frente al año anterior (253.000 hectáreas). La campaña de De la Espriella había contemplado la reactivación de la aspersión, priorizando buscar herbicidas de nueva generación menos riesgosos. Por lo pronto, el regreso de las fumigaciones dependerá del cumplimiento total de los requisitos ambientales, científicos, sanitarios y de participación comunitaria. Actualmente, no existe autorización para que aeronaves retomen estas operaciones; el proceso continúa en fase preparatoria.

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¿Qué requisitos legales debe cumplir el Gobierno para reanudar la aspersión aérea con glifosato en Colombia?

Para que el Gobierno pueda retomar el uso de la aspersión aérea con glifosato, debe cumplir condiciones legales estrictas según la Resolución 0006 de 2026 y los fallos de la Corte Constitucional. Se requiere un Plan de Manejo Ambiental General vigente avalado por la ANLA, realizar consulta previa con comunidades étnicas afectadas, obtener un concepto sanitario favorable del Instituto Nacional de Salud sobre los riesgos y eliminar las actuales medidas preventivas. Además, cada área de intervención necesita un plan ambiental específico y aprobado.

¿Por qué se suspendió la aspersión aérea con glifosato en Colombia en 2015?

La suspensión de la aspersión aérea con glifosato en 2015 en Colombia se produjo luego de que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificara el glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Este dictamen motivó, según El Diario, al Consejo Nacional de Estupefacientes a frenar su uso hasta no garantizar la protección de la salud y el ambiente.