Cancillería de Colombia responde a la ONU sobre iniciativas en el Congreso que podrían afectar presupuesto y funciones de la JEP

La Cancillería de Colombia respondió oficialmente la carta enviada por relatores de las Naciones Unidas (ONU), quienes en días pasados manifestaron su preocupación acerca de proyectos legislativos que podrían impactar el presupuesto, el tiempo de mandato y la ejecución de sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A través de una misiva de diez páginas, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella manifestó que las posibles consecuencias de dichas iniciativas no pueden atribuirse al ejecutivo, distanciándose de los efectos señalados por el organismo internacional. La respuesta fue reportada por El Espectador.

En la carta, la Cancillería aclaró que el Gobierno Nacional se desempeña dentro del marco constitucional, reconociendo la autonomía de la JEP y respetando la separación de poderes. Además, indicó que el Congreso de la República es quien decide tanto el Presupuesto General de la Nación como eventuales reformas constitucionales, subrayando que cualquier cambio relevante aún está en trámite. Referente a los tres proyectos que actualmente analiza el Congreso —la reducción de 170.000 millones de pesos del presupuesto para 2027, el acortamiento del mandato de quince a diez años de la JEP y la revisión automática de sentencias a exintegrantes de la fuerza pública—, el ejecutivo precisó que dichas propuestas están en debate y el límite para la discusión presupuestal es el 20 de octubre.

Respecto a la inquietud de los relatores sobre eventuales efectos de una reducción presupuestal, el gobierno recalcó que el Ministerio de Justicia únicamente conoce del trámite por fuentes públicas, reiterando que la decisión final corresponde al Congreso y, dado que aún no hay una determinación, no existen acciones para enfrentar posibles consecuencias. Adicionalmente, el Gobierno enfatizó su compromiso de cumplir las obligaciones constitucionales actuales hacia la JEP y resaltó el apoyo a las primeras sanciones restaurativas impuestas al último secretariado de las Farc y a doce exmilitares.

Frente a la culminación de investigaciones y juicios, el gobierno optó por no anticiparse a efectos hipotéticos y reiteró la autonomía e independencia de la JEP. Sobre el mecanismo de revisión automática de sentencias, la respuesta fue la misma: el ejecutivo no se pronunciará mientras la iniciativa tenga origen parlamentario y carezca de un texto definitivo. Finalmente, el Gobierno señaló que ninguna de las propuestas ha sido adoptada como ley y aseguró la continuidad de los derechos de las víctimas bajo el marco vigente. Sin embargo, subrayó que las decisiones definitivas están en manos del Congreso de la República.

¿Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por qué es importante en Colombia?

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el órgano judicial creado tras el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, encargado de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Su autonomía y continuidad son fundamentales para garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, temas que preocupan a la ONU según El Espectador.

¿Cuáles son los proyectos que podrían afectar el funcionamiento de la JEP en el Congreso de Colombia?

Actualmente, el Congreso estudia tres proyectos: la reducción de 170.000 millones de pesos en el presupuesto de la JEP para 2027, el acortamiento de su mandato de quince a diez años y la introducción de una revisión automática de sentencias contra exintegrantes de la fuerza pública. Estos proyectos aún están en trámite, sin decisiones finales, según la respuesta gubernamental citada por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.