Petro desafía a la disidencia: la apuesta del Gobierno para erradicar la coca y evitar una extradición clave

Desde finales de enero, el proceso de diálogo entre el Gobierno colombiano y la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) se vio marcado por la presión directa del presidente Gustavo Petro sobre el jefe de los Comandos de la Frontera, Geovany Andrés Rojas, alias Araña. El presidente fijó un plazo de diez días —hasta el 8 de febrero— para mostrar avances concretos en la erradicación de 15.000 hectáreas de cultivos de coca en el Putumayo, bajo la advertencia de que, de no cumplirse ese objetivo, ordenaría la extradición de Araña a los Estados Unidos. Sin embargo, esta exigencia no se alineaba con los plazos previamente establecidos en la mesa, que contemplan sustituir 30.000 hectáreas (15.000 en Putumayo y 15.000 en Nariño) antes del 31 de marzo, haciendo del plazo presidencial una meta virtualmente inalcanzable.

En respuesta, los representantes del Gobierno y la CNEB, liderada por Walter Mendoza, realizaron una reunión extraordinaria en Inda Zabaleta y Tumaco entre el 11 y 12 de febrero. Allí, la disidencia ratificó su compromiso frente a los acuerdos de sustitución y erradicación. Según el documento firmado, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, junto a un organismo internacional —que según Colombia+20 sería la Administración para el Control de Drogas (DEA)—, realizará la verificación con el acompañamiento técnico y transparente de la Mesa de Diálogos de Paz.

Armando Novoa, jefe de la delegación gubernamental, explicó que el acuerdo establece el compromiso de sustituir 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos, proceso que debe ser verificado al terminar marzo de 2026. Esta meta será alcanzada en varias fases que incluyen la convocatoria comunitaria, la suscripción de acuerdos con familias en situación precaria y la entrega de incentivos para iniciar la erradicación. Aunque los Comandos de la Frontera no pueden ejecutar directamente la erradicación, deben facilitar las condiciones y comprometer a sus redes de apoyo para no interferir e involucrarse positivamente en los esfuerzos del Estado y de las comunidades.

Hasta ahora, más de 10.000 personas han manifestado interés en el programa de sustitución en Putumayo, especialmente en zonas bajo influencia de los Comandos de la Frontera. A finales de febrero se espera cerrar inscripciones y proceder con los primeros desembolsos para que las familias comiencen la erradicación organizada. En algunos municipios de Nariño ya están en marcha los acuerdos, y se han entregado kits para la erradicación y cultivos alternativos como el cacao.

El seguimiento institucional e internacional es fundamental, ya que los resultados deben ser validados por mecanismos objetivos y evitar la manipulación de datos. Según Novoa, la ejecución del acuerdo depende en buena medida de la eficiencia de la Oficina de Sustitución de Cultivos Ilícitos y el soporte financiero del programa RenHacemos, que garantice alternativas de subsistencia a miles de familias campesinas. Además, la entrega de armas y la reincorporación de miembros armados a la legalidad, bajo la vigilancia de la Agencia Nacional de Reincorporación, es un proceso paralelo que requiere la implementación de Zonas de Ubicación Temporal, especialmente en Putumayo.

El ultimátum presidencial de diez días nunca fue discutido con la CNEB y es inviable en términos logísticos; no obstante, el verdadero reto está en consolidar una alianza estatal y comunitaria que posibilite avances verificables en el corto y mediano plazo. El presidente Petro, según lo discutido entre el Ejecutivo y los responsables de la política de sustitución y defensa, cuenta con toda la información sobre el alcance de los acuerdos. Aunque la decisión final de extraditar o no a Araña sigue siendo discrecional y depende de la evaluación presidencial, el principal objetivo de la mesa es cumplir los compromisos pactados.

Finalmente, Novoa resaltó que el proceso de paz y erradicación de cultivos ilícitos tiene una fuerte dimensión binacional, especialmente dada la presión ecuatoriana para controlar la violencia y el tráfico en la frontera. El éxito de la paz en los territorios depende tanto de la integración regional como de la coordinación geopolítica entre las autoridades de Colombia y Ecuador.

¿Qué significa el término "Zonas de Ubicación Temporal" en el contexto del proceso de paz?

En el marco de los acuerdos entre el Gobierno colombiano y grupos armados como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, las Zonas de Ubicación Temporal son espacios territoriales definidos oficialmente para concentrar, de manera transitoria, a los miembros en armas que se acojan a los procesos de paz. Estas zonas facilitan tanto el monitoreo institucional —a cargo de entidades como la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA)— como la entrega de armas y el inicio de la reincorporación a la vida civil.

La creación y puesta en funcionamiento de estas zonas es un paso clave para garantizar la seguridad durante la transición, posibilitar el seguimiento internacional, y comenzar la reintegración de los excombatientes a través de la Agencia Nacional de Reincorporación. La implementación depende de la voluntad política y la coordinación interinstitucional, ya que la resolución para su establecimiento debe ser firmada por el presidente de la República.

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