Gobierno amplía el servicio militar para blindar elecciones: refuerzo inédito frente a amenazas y violencia

El Gobierno Nacional determinó extender el periodo de servicio militar para 22.075 jóvenes, una medida orientada a fortalecer la seguridad ante las próximas elecciones legislativas y presidenciales en Colombia. De acuerdo con información emitida por el Comando General de las Fuerzas Militares, la integración de 21.000 soldados del Ejército Nacional y 1.075 infantes de marina de la Armada busca intensificar la cobertura y el alistamiento operacional necesarios para custodiar 5.537 puestos de votación. La decisión, sustentada en el contexto de crecientes amenazas a la seguridad electoral, forma parte de una respuesta institucional frente a una coyuntura compleja marcada por la expansión de grupos armados ilegales y la escalada de violencia en distintas regiones.

El despliegue proyectado dispondrá, en total, de 126.000 efectivos militares organizados en 4.200 pelotones, permutando la presencia estatal en todo el país. La operación se integra al Plan Democracia, cuyo presupuesto asciende a 150.000 millones de pesos, garantizando así recursos logísticos y humanos para mantener la integridad del proceso electoral. Las fechas clave de esta misión comprenden el 8 de marzo, el 31 de mayo y, eventualmente, el 21 de junio si se requiere una segunda vuelta presidencial, según lo estipulado por el propio comunicado de las Fuerzas Militares.

Los dispositivos de seguridad no se limitan al pie de fuerza. La institución resalta que se han implementado capacidades diferenciales mediante recursos terrestres, marítimos, fluviales, aéreos y ciberespaciales. Entre estos se incluyen vehículos blindados, aeronaves de ala fija y rotatoria, sistemas aéreos no tripulados (UAS, por sus siglas en inglés), y un robusto sistema de inteligencia dedicado a identificar amenazas y reducir los riesgos para votantes y funcionarios electorales.

El contexto político y de orden público resulta más desafiante que el de las elecciones anteriores. Según se señala en el reporte, durante el último año del mandato del presidente Gustavo Petro, los principales grupos armados ilegales incrementaron su número de integrantes, alcanzando un aproximado de 27.000 personas dedicadas a actividades criminales.

A esta situación se agrega una crisis aguda de seguridad en regiones estratégicas como Norte de Santander, La Guajira, Cauca, Valle del Cauca, el norte de Antioquia, así como el sur de los departamentos de Chocó, Bolívar y Córdoba. Estos territorios han enfrentado un incremento significativo en los incidentes de violencia, dificultando aún más el desarrollo pacífico de los comicios.

La preocupación institucional ha sido ratificada por la Misión de Observación Electoral (MOE), que en un informe reciente advirtió que uno de cada diez municipios del país, es decir, 170 localidades, está actualmente en riesgo electoral. Este indicador refleja un aumento del 29,7% con respecto a las elecciones celebradas en 2022, una señal de alerta sobre el deterioro de las condiciones para una votación segura y transparente.

La MOE puntualizó que los factores de riesgo contemplan la posibilidad de violencia hacia votantes y jurados electorales, así como fraude y control social implementados por estructuras ilegales. Estas amenazas exigen una respuesta coordinada y robusta, en la que la acción de las Fuerzas Militares resulta clave para resguardar no solo la seguridad física, sino la legitimidad del proceso electoral.

¿Qué implica el riesgo electoral reportado por la MOE?

El concepto de riesgo electoral, según la Misión de Observación Electoral (MOE), hace referencia a la vulnerabilidad de ciertos municipios a episodios de violencia, fraude o coacción ejercidos por grupos fuera de la ley durante el desarrollo de los procesos de votación. Esta categoría incluye tanto amenazas físicas como la manipulación del electorado, y representa un desafío para la garantía de elecciones libres.

Comprender la magnitud del riesgo electoral señalado por la MOE resulta esencial para la sociedad y las autoridades, pues incide directamente en la legitimidad democrática y la confianza ciudadana. La presencia de riesgos elevados obliga a reforzar las medidas de seguridad y vigilancia institucional, buscando proteger tanto a quienes participan en el proceso electoral como a los principios fundamentales de la democracia colombiana.