Tierra prometida, asignación postergada: crece la presión social en el Valle por retrasos en entrega de predios

La reciente exigencia de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dirigida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ha tenido un impacto contundente en la región. A raíz de este llamado, diversas comunidades campesinas y grupos étnicos han intensificado su reclamo para que se cumplan los compromisos previamente adquiridos en cuanto a la adjudicación de tierras. Los representantes de organizaciones cimarronas y asociaciones campesinas han recordado que una resolución estableció la creación de una Mesa de Seguimiento a los acuerdos pactados en diciembre de 2025. Estos acuerdos incluían, entre otros puntos, la adquisición de predios, el fomento de proyectos productivos y la atención a solicitudes relacionadas con tierras bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

No obstante, la materialización de estos compromisos continúa siendo motivo de preocupación entre los líderes comunitarios, quienes aseguran que la ejecución ha sido prácticamente nula. Según lo expresado por Pedro Largacha, capitán de la Guardia Cimarrona, el retardo en la entrega de tierras a los Consejos Comunitarios representa una vulneración significativa al deber institucional de reconocer y garantizar los derechos territoriales de estas comunidades. Este sentir ha sido compartido por voceras como Valeria Gómez, quien reiteró que la población espera recibir tierras que considera legítimamente ancestrales, destacando la importancia de saldar una deuda histórica con los pueblos afrodescendientes y campesinos del Valle del Cauca.

El reclamo de estas comunidades se suma a las súplicas reiteradas por la mandataria regional. Toro ha manifestado su inconformidad ante la falta de respuesta efectiva de la ANT y ha insistido en que se dé prioridad a las comunidades locales durante el proceso de asignación de predios, frente a la entrega de tierras a poblaciones provenientes de otros departamentos. Además, la gobernadora subraya que la administración departamental ha presentado propuestas detalladas para avanzar en la Reforma Rural Integral, sin obtener aún resultados tangibles por parte del ente nacional.

Desde la Agencia Nacional de Tierras, su director, Juan Felipe Harman, reconoció públicamente las dificultades que aquejan la puesta en marcha de dicho proceso y admitió que persiste una inconformidad legítima entre las comunidades campesinas. Harman también señaló que la falta de coordinación estrecha con las autoridades territoriales ha obstaculizado tanto la recuperación como la entrega efectiva de tierras. Según datos oficiales, actualmente el Valle del Cauca dispone entre 60 mil y 70 mil hectáreas de tierras susceptibles de adjudicación; sin embargo, la cantidad efectivamente entregada no supera las cinco mil hectáreas, lo que evidencia la magnitud de la brecha existente.

Las voces de líderes y comunidades coinciden en la urgencia de acelerar los procesos y de establecer un diálogo más eficiente entre las instituciones involucradas, para que la ansiada Reforma Rural se concrete y aporte a la justicia territorial en el departamento. El contexto refleja una problemática compleja, marcada por un legado de promesas incumplidas y la lucha constante por el reconocimiento y el acceso legítimo a la tierra, elemento esencial para el desarrollo y la cohesión social del Valle del Cauca.

¿Qué es la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y cuál es su papel en la adjudicación de tierras?

La Sociedad de Activos Especiales, o SAE, es un organismo estatal involucrado en la administración de bienes que han sido incautados o están en proceso judicial, muchos de los cuales incluyen terrenos y propiedades rurales. En el contexto de la adjudicación de tierras en el Valle del Cauca, la SAE desempeña un papel clave al gestionar tierras que podrían ser transferidas a comunidades campesinas y étnicas, según los compromisos adquiridos por las autoridades. La atención a las solicitudes sobre estos predios forma parte de los acuerdos que están bajo seguimiento, y es uno de los temas centrales en los reclamos por el cumplimiento efectivo de la política de distribución de tierras.

La relevancia de la SAE radica en que la transferencia oportuna y transparente de estos bienes a quienes han sido históricamente despojados o excluidos es fundamental para consolidar los procesos de justicia social y reforma agraria. Por ello, su mención dentro de los acuerdos y demandas recientes cobra especial importancia en la medida en que el éxito del proceso de adjudicación depende, en buena parte, de la coordinación efectiva entre esta entidad y la Agencia Nacional de Tierras.