Gobernación desafía al Gobierno Nacional: demanda para recuperar control del hospital La Misericordia de Calarcá

El gobierno departamental reafirmó su rechazo a la intervención estatal vigente en el hospital La Misericordia de Calarcá y, en consecuencia, anunció la presentación de acciones judiciales con el fin de revertir y dar por terminado dicho proceso. La actual prórroga de la intervención comenzó el 19 de septiembre y se prolongará hasta el 18 de septiembre de 2026, conforme a lo estipulado en la legislación nacional, específicamente en el inciso 3, numeral 2 del artículo 116 del Decreto Ley 663 de 1993 —modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 1999— y el inciso 3, numeral 2 del artículo 9.1.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010.

Isabel Cristina Lezama Velásquez, secretaria de Representación Judicial y Defensa del departamento, fue la encargada de informar que la administración interpuso una demanda de acción popular. La acción jurídica incluye al ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud, con el objetivo de poner fin a la intervención forzosa para que la administración de la Empresa Social del Estado (ESE) hospital La Misericordia del municipio de Calarcá vuelva a estar bajo control de las autoridades locales.

La secretaría sustenta la iniciativa en los informes anuales presentados por el agente interventor. Estos documentos evidencian, desde el inicio de la intervención en 2021 hasta la fecha, una mejora en los indicadores del centro médico: el 80 % de las metas establecidas y las órdenes fijadas han sido cumplidas. Según Lezama Velásquez, esto demostraría que es apropiado restituir la administración del hospital a la región, después de cuatro años de intervención, un lapso que sobrepasa el límite legal de tres años que establece la normatividad vigente para este tipo de medidas.

La funcionaria aclaró que según las normas actuales, la intervención forzosa tiene carácter temporal y está orientada a que la entidad intervenida recupere su capacidad para cumplir su función social. Lezama Velásquez subrayó que en el caso de La Misericordia se han corregido problemas administrativos, económicos y en la atención en salud detectados inicialmente por el agente interventor; en consecuencia, han desaparecido los argumentos que fundamentaron la medida temporal.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud —entidad también conocida como Supersalud— optó por extender la intervención hasta septiembre de 2026, luego de analizar el informe más reciente. El Superintendente Delegado para Prestadores de Servicios de Salud ad hoc realizó, según documentos citados, un análisis técnico-científico, administrativo, financiero y jurídico del hospital, así como una evaluación del plan de trabajo propuesto para el período 2024-2025. El resultado de esta revisión mostró que de 42 órdenes dictadas, la institución ha cumplido 27, ha avanzado parcialmente en 7 y tiene pendiente el cumplimiento de 8 más.

La propia Superintendencia Nacional de Salud puede decidir el levantamiento o la modificación de la medida antes de que concluya la prórroga, dependiendo del avance en las metas establecidas. En tanto, el hospital La Misericordia deberá seguir reportando información al Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales, conocido como Fénix, bajo las directrices del ente regulador.

Desde la secretaría departamental de Salud se indicó que, si bien se ha evidenciado progreso en ciertos aspectos, persisten barreras en materia administrativa, financiera y en la prestación de servicios. Al no haberse alcanzado los objetivos previstos en esos campos, la intervención de la Supersalud continúa, según la resolución expedida recientemente. Así, el hospital se mantiene bajo vigilancia estatal, mientras se resuelven las disputas legales respecto a su administración.

¿Qué ocurre si la intervención forzosa de una ESE supera el tiempo máximo establecido por la ley?

El tema del tiempo máximo de intervención es relevante porque la normatividad colombiana contempla límites precisos para las medidas de intervención forzosa sobre las Empresas Sociales del Estado (ESE). El principal propósito de estas intervenciones es permitir que la institución supere las causales que motivaron la acción estatal, ya sean de tipo financiero, administrativo o asistencial.

Cuando el plazo de intervención supera el límite previsto en la ley, como ha expuesto el caso del hospital La Misericordia, se genera un debate sobre la legalidad de la continuidad de la medida y las posibles acciones a seguir. La administración local puede recurrir a acciones jurídicas, como la acción popular, para exigir el respeto a los términos legales y buscar la devolución de la administración a autoridades territoriales, lo que a su vez impacta la gobernanza y la prestación de servicios en la región.