Escándalo en Bahía Solano: Funcionarios y particular, tras millonario desfalco de fondos públicos

La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de dos funcionarios de la Alcaldía de Bahía Solano, en el Chocó, junto a una mujer particular, por su presunta vinculación en un caso de apropiación indebida de recursos públicos cuyo monto ascendería a más de 370 millones de pesos colombianos. El señalamiento principal recae sobre el jefe de Presupuesto, Bernardo Alfonso Asprilla Abadía, y el secretario de Hacienda, Rodrigo Viñuela Jaramillo, quienes habrían tenido un papel clave en estas operaciones irregulares, acompañados por Sonia Rodríguez Palacios, una ciudadana sin relación contractual con la administración pública local.

La investigación tuvo su origen en la revisión detallada de transferencias y movimientos financieros provenientes de las cuentas oficiales del municipio. Fue gracias a este análisis exhaustivo que salieron a la luz una serie de registros bancarios y pagos de origen dudoso, haciendo posible identificar a los presuntos responsables. Entre los hallazgos destaca el contacto que los funcionarios establecieron con un empleado de la empresa de aguas de Bahía Solano, solicitándole el acceso a la cuenta bancaria de dicha entidad sin la autorización de la gerencia.

A partir de ese momento, las diligencias judiciales llevaron a un hecho puntual: 119.800 millones de pesos fueron transferidos desde cuentas municipales y girados, mediante cheque, a nombre de Sonia Rodríguez Palacios, quien no figuraba como contratista ni proveedora de la administración. De acuerdo con la Fiscalía, este dinero fue posteriormente canalizado hacia cuentas pertenecientes a personas vinculadas a los funcionarios investigados.

Las autoridades imputaron a las tres personas por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros (es decir, la sustracción de recursos públicos para beneficiar a particulares), enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir en perjuicio de la administración pública. Los acusados no admitieron los cargos y el juez impuso medidas de aseguramiento domiciliario, ordenando que continúen en sus casas mientras se desarrolla el proceso judicial.

Esta investigación, liderada por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Chocó y apoyada en análisis de movimientos bancarios, permitió identificar además otras dos consignaciones consideradas irregulares. El primero por 132.966.998 millones de pesos y el segundo por 121.799.136 pesos, transferidos también desde cuentas del municipio a beneficiarios sin conexión contractual con el ente territorial entre enero de 2024 y diciembre de 2025.

De esta manera, el caso de Bahía Solano evidencia cómo la vigilancia financiera y el trabajo articulado de la justicia han resultado decisivos para develar mecanismos ilegales de apropiación de fondos públicos en contextos locales. Según información publicada por El Espectador y los reportes oficiales de la Fiscalía, el expediente continúa en curso, mientras la comunidad espera conocer las consecuencias legales para los implicados y los mecanismos de control que puedan prevenir hechos similares.

La preocupación por el uso indebido de los recursos públicos cobra relevancia cuando las autoridades reseñan delitos como peculado por apropiación y enriquecimiento ilícito, imputados a los funcionarios y la particular involucrados en Bahía Solano. El primero se refiere a la toma o uso de bienes o dinero del Estado para beneficio personal o de terceros, atentando contra la integridad del patrimonio público. El enriquecimiento ilícito, por su parte, implica que un servidor público aumente su patrimonio o el de otro ilegítimamente aprovechando su cargo.

Comprender estos conceptos legales resulta esencial para contextualizar la gravedad de los hechos investigados y las responsabilidades a las que se enfrentan los presuntos responsables. Además, permite dimensionar la importancia de los controles internos y de la labor de entidades judiciales como la Fiscalía en la prevención y sanción de actos de corrupción administrativa.