El misterio de los millones perdidos: así movió su fortuna el aliado clave de Petro antes del escándalo UNGRD

Carlos Ramón González, un personaje clave dentro de círculos políticos colombianos y destacado por su cercanía al presidente Gustavo Petro, ha visto cómo su fortuna ha sufrido una abrupta reducción en medio de un escándalo que involucra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). De acuerdo con documentos de la Fiscalía citados por El Tiempo, la riqueza de González pasó de estar avaluada en cerca de 12.000 millones de pesos en septiembre de 2024 a unos 6.500 millones poco tiempo después. Este descenso patrimonial ha suscitado cuestionamientos sobre el destino de los aproximadamente 6.000 millones de pesos que no figuran en sus recientes declaraciones.

González, quien ha ocupado cargos claves como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), construyó su patrimonio durante años de trabajo como contratista y financiador de campañas dentro de su antiguo partido, Alianza Verde. Sin embargo, la magnitud y velocidad de los movimientos involucrados en su patrimonio coinciden con las fechas en que la Fiscalía lo llamó a rendir cuentas por su presunta participación en el desfalco a la UNGRD.

Según información publicada por El Tiempo, justo antes de ser citado a audiencia de imputación, González comenzó a transferir propiedades y participaciones en bienes de alto valor a miembros de su familia. Un caso clave es la venta por 675 millones de pesos de un apartamento lujoso en el barrio El Chicó, en Bogotá, a Tania América González Millares, hija del propio González. Su esposa, Luz Dana Leal, también figura como compradora de otra propiedad costosa por 550 millones de pesos.

Pese a que González mantiene, al menos formalmente, participaciones en diversas empresas, fuentes consultadas por El Tiempo afirman que el exdirector logró ejecutar otros movimientos patrimoniales antes de que se le impidiera salir del país. Actualmente, se encuentra en Managua, Nicaragua, en calidad de asilado político.

Un documento de la Fiscalía sostiene que González dio instrucciones específicas a Olmedo López, quien entonces dirigía la UNGRD, para que manipulara la adjudicación de contratos millonarios destinados a figuras como los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle. El objetivo, según esta acusación, habría sido asegurarse apoyo legislativo para el Gobierno de Gustavo Petro. No obstante, el apoderado de González insiste en que todos los recursos de su defendido tienen origen legal y que él no se encuentra bajo investigación por enriquecimiento ilícito.

Es relevante mencionar que tanto González como su círculo familiar mantienen el control de dos corporaciones con un historial de contrataciones millonarias con entidades del Estado: la corporación Sor Teresa de Calcuta y Asís de Colombia y la Empresa para el Desarrollo Económico y Social Dansgold S.A.S. Por medio de esta última, según El Tiempo, se habrían realizado préstamos por casi 3.000 millones de pesos para financiar campañas de aliados políticos e incluso de la propia Alianza Verde.

Este caso pone de manifiesto la forma en que estructuras patrimoniales pueden cambiar de manos en medio de investigaciones judiciales, así como las estrategias que figuras públicas pueden emplear para proteger su capital. Aunque la defensa de González asegura la legalidad de sus recursos, la mirada pública sigue sobre el destino de los bienes faltantes y el alcance real de su influencia.

¿Qué significa "enriquecimiento ilícito" y por qué es relevante en investigaciones judiciales?

El término "enriquecimiento ilícito" hace referencia a una situación donde una persona incrementa su patrimonio de forma injustificada, es decir, sin que medie una fuente legal y reconocida por la ley. Este delito suele ser uno de los focos centrales en investigaciones de corrupción, pues permite a los entes judiciales rastrear el origen de fondos y esclarecer si estos provienen de actividades irregulares o del aprovechamiento indebido de recursos públicos.

En el caso de Carlos Ramón González, aunque la defensa afirma que no se le investiga por enriquecimiento ilícito, la Fiscalía y los medios continúan indagando sobre las razones del cambio abrupto en su patrimonio y las transferencias a su círculo cercano. Determinar si existió o no un enriquecimiento ilícito es clave, pues ello permitiría a las autoridades confiscar bienes y ampliar el espectro de responsabilidades. La resolución de esta pregunta es crucial para la transparencia y el castigo de la corrupción en el país.