Historia de mujer retenida en edificio no acaba con denuncia y Fiscalía abrirá proceso

Nación
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El ente acusador pondrá los ojos sobre el caso de Edy Fonseca, quien trabajó como celadora en Luz Marina, inmueble ubicado en el barrio Rosales, en Bogotá.

Por medio de una publicación en Twitter, la entidad señaló que la investigación la asumirá un fiscal seccional de Seguridad Pública de la capital, luego de conocer el caso a través del centro de contacto de la entidad.

La denuncia que se instauró ante la Fiscalía fue por constreñimiento legal y lesiones personales, explicó el abogado Nixon Adriano Forero a Citynoticias, que también detalló que se va a interponer una queja ante el Ministerio de Trabajo.

Edificio estrato 6 de Bogotá forzó a celadora a permanecer de turno por más de un mes

El primer delito está contemplado en el artículo 182 del Código Penal Colombiano como el que “constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa” y puede ser sancionado con prisión de entre 16 a 36 meses.

El caso de esta mujer se conoció en las últimas horas y varias personas han reaccionado señalando que en el caso se presentaron también situaciones de maltrato, esclavitud moderna y que se puede considerar hasta un secuestro.

Esto porque Fonseca fue obligada a vivir durante un mes en un sótano del edificio donde prestó el servicio de vigilancia privada durante el último año, debió sobrevivir con 15.000 pesos diarios para sus tres comidas y otras necesidades y solo salió de allí en un ambulancia cuando su salud se deterioró gravemente, al punto de sufrir una parálisis facial y otros padecimientos.

[Video] Así “esclavizaban” a celadora en edificio estrato 6 y por el mismo millón de pesos

Además, debía cumplir con otras tareas diferentes a las establecidas en su contrato y fue despedida por los administradores del edificio cuando se enfermó porque los “metió en problemas”.

Otra de las autoridades que se pronunció fue la Veeduría de Bogotá, en cabeza de Guillermo Rivera, que también en Twitter indicó: “Hemos advertido insistentemente que las decisiones de los administradores de los conjuntos residenciales sujetos al régimen de propiedad horizontal no son una autoridad pública y que la Constitución y los derechos humanos están vigentes a pesar de la pandemia”.

Más detalles de la historia que le contó la víctima de esta situación a Citytv:

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