Cae red de bienes millonarios tras escándalo Centros Poblados: Fiscalía incauta propiedades de implicados

Una reciente acción de la Fiscalía General de la Nación ha puesto bajo la lupa el patrimonio de varios implicados en uno de los mayores escándalos de contratación pública en Colombia: el denominado caso Centros Poblados. Las autoridades incautaron un total de 23 bienes que presuntamente pertenecen a quienes estarían involucrados en la apropiación ilícita de recursos destinados a la conectividad digital en instituciones educativas de zonas rurales. Este caso involucra la pérdida de aproximadamente 70.000 millones de pesos colombianos que debían servir para fortalecer el acceso a la tecnología en los colegios y escuelas más apartadas del país, según lo reveló la Fiscalía.

Entre los inmuebles afectados por estas medidas cautelares, algunos son propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), Karen Abudinen, así como del también condenado y conocido como “zar de la contratación”, Emilio Tapia, de acuerdo con las fuentes oficiales citadas. Las acciones judiciales fueron destinadas a aplicar la extinción de dominio sobre activos que superarían los 65.900 millones de pesos, una cifra que resalta la magnitud del escándalo y la sofisticación de los movimientos patrimoniales detectados durante la investigación.

La Fiscalía precisa que los activos intervenidos incluyen tanto predios urbanos como rurales, parqueaderos, diversos establecimientos de comercio y activos pertenecientes a sociedades. Entre las personas vinculadas a las propiedades incautadas se encuentran Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres, así como familiares de estos individuos. El patrón de adquisición de estos bienes, localizados en departamentos como Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño, genera sospechas debido a que existen elementos que indicarían el uso de dineros procedentes de actos ilícitos, en particular del anticipo entregado irregularmente a la Unión Temporal 'Centros Poblados'.

La pesquisa revela además la existencia de una dinámica en la que se mezclaron bienes de procedencia lícita con recursos obtenidos de manera irregular, y que las empresas involucradas en la Unión Temporal funcionaron como mecanismo para facilitar las operaciones sospechosas. A raíz de la decisión fiscal que responsabiliza a la exministra Abudinen, la medida de incautación incluyó uno de sus inmuebles, consolidando el paquete de acciones orientadas a salvaguardar el dinero público y a recuperar los fondos comprometidos en el proyecto, cuyo objetivo fundamental era instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos de Colombia.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía instauró las medidas con la misión de proteger los recursos del Estado, actuando dentro de su competencia para impedir la consolidación de fortunas obtenidas mediante actividades ilícitas en el sector público. Este caso continúa siendo objeto de seguimiento tanto por medios como El Espectador, que remite a su sección Judicial para mantenerse informado sobre avances en temas relacionados con justicia, seguridad y derechos humanos.

¿Qué significa “extinción de dominio” y cómo se aplica en casos de corrupción?

La extinción de dominio es un mecanismo jurídico que permite al Estado confiscar, de manera definitiva, los bienes que hayan sido adquiridos mediante actividades ilegales, como la corrupción o el narcotráfico. En el contexto del caso Centros Poblados, esta figura ha sido fundamental para asegurar la recuperación de recursos que presuntamente provenían de la apropiación indebida de dineros públicos.

Su relevancia radica en la posibilidad de despojar a los responsables de los beneficios económicos obtenidos ilícitamente, dificultando la consolidación de redes de corrupción y permitiendo la restitución de los fondos al patrimonio estatal. Comprender cómo opera esta herramienta legal resulta fundamental para analizar la lucha del Estado colombiano contra la corrupción y la defensa del interés colectivo.