Golpe a las disidencias de las Farc: capturan a cinco miembros clave y decomisan arsenal en Guaviare y Amazonas

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, avanzó en un contundente operativo contra las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), comandadas por alias “Iván Mordisco”. Según lo informado por El Espectador, cinco presuntos integrantes de esta estructura armada ilegal fueron presentados ante jueces de control de garantías en los departamentos de Guaviare y Amazonas luego de haber sido capturados en flagrancia, lo que significa que fueron sorprendidos mientras presuntamente cometían actos delictivos.

A estas cinco personas se les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, así como fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o material exclusivo de las Fuerzas Armadas y explosivos. Pese a la evidencia hallada en las operaciones, los capturados no aceptaron los cargos, razón por la cual deberán permanecer en centro carcelario bajo medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La primera captura relevante se realizó en la vereda Itilla, ubicada en el municipio de Calamar, Guaviare. Allí, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) aprehendió a Óscar Estiven Guerrero Rivera, conocido como alias “Junior”. Según las autoridades, “Junior” fungía como responsable de los esquemas de seguridad de los cabecillas de las disidencias en esa zona del país. Durante el procedimiento, se le decomisaron un fusil, proveedores, cartuchos de diferentes calibres y una pechera camuflada destinada exclusivamente al uso de las Fuerzas Armadas.

El operativo en Itilla permitió además la incautación de un arsenal significativo: 15.250 cartuchos, 121 proveedores, dieciséis manuscritos ligados a la organización criminal, treinta y cinco armas de fuego, dos morteros, cuatro radios, cincuenta y cinco elementos explosivos, quinientos gramos de pentolita —un potente explosivo— y veinte prendas camufladas.

Simultáneamente, en el sector conocido como ‘Tres Islas’, ubicado entre Mirití Paraná y Puerto Santander en el Amazonas, se registró un enfrentamiento armado que resultó en la captura de otros cuatro hombres, identificados como Juan Sebastián Souza Lobelín, Richard Vilches Noriega, Jeisón Quiceno Chamorro y Eduard Alexis Santanilla Ranoque. Estas personas se movilizaban por el río Caquetá en dos botes. En esta misma acción, las autoridades lograron el rescate de un menor de edad que fue puesto a disposición de los organismos competentes de protección infantil para salvaguardar sus derechos.

Durante la operación llevada a cabo en Amazonas, se decomisaron más de veintisiete millones de pesos colombianos en efectivo, cuatro fusiles, munición, novecientos cuarenta y dos kilogramos de marihuana, un disco duro, prendas pixeladas (uniformes con patrón digital), un GPS, una tableta, un radio de comunicaciones y dos dispositivos USB. Estos hallazgos refuerzan las acusaciones por narcotráfico y delitos conexos que enfrentan los capturados y evidencian los recursos y logística de las disidencias.

Las acciones mencionadas ponen de manifiesto el esfuerzo de la institucionalidad colombiana para combatir las estructuras criminales que persisten en el país. La Fiscalía y la Fuerza Pública continúan articulando operativos para debilitar las redes ilegales que afectan la seguridad y el orden en zonas estratégicas como Guaviare y Amazonas, tal como lo destaca El Espectador.

¿Por qué es relevante el uso de prendas camufladas de uso privativo de las Fuerzas Armadas?
El uso de prendas camufladas de uso privativo de las Fuerzas Armadas constituye un delito debido a que estos elementos están destinados exclusivamente a personal militar y policial, facilitando la suplantación y el engaño. En los procedimientos descritos, la incautación de este tipo de materiales prueba cómo los grupos armados ilegales buscan mimetizarse y perpetrar acciones de manera clandestina. La relevancia de esta práctica radica en el riesgo que representa para la población civil y para la seguridad institucional, ya que puede dificultar el reconocimiento de actores legítimos en contextos de conflicto armado.