Bogotá
"Una verdad que no se cuenta": habló exmilitar sobre subteniente asesinada en Cantón Norte
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La fiscal Luz Adriana Camargo se pronunció sobre la determinación del Consejo Nacional Electoral de sancionar a Ricardo Roa por violación de topes.
El mandato presidencial de Gustavo Petro en 2022 continúa bajo la mirada de las autoridades judiciales y electorales, que reactivaron varias investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña.
(Vea también: Fiscalía habría omitido pruebas en presunto caso de infiltración de disidencias a la DNI)
Uno de los nombres en el centro del debate es Ricardo Roa, quien en su momento fue el gerente de la campaña y ahora es presidente de Ecopetrol, El Consejo Nacional Electoral (CNE) les impuso una multa cercana a 5.922 millones de pesos, cifra que, de acuerdo con los análisis oficiales, supera en más de 3.500 millones el límite legal de gastos permitido para la contienda presidencial.
La situación resulta aún más delicada por los señalamientos contra Roa. El CNE le ordenó devolver más de 165 millones de pesos vinculados con un evento en el Movistar Arena, celebrado el 19 de junio de 2022, de acuerdo con Blu Radio.
Los indicios incluyen la presunta entrega de recursos de origen no reportado a más de 30.000 testigos electorales. A esto se suma el uso irregular de registros de vuelo que buscaban aparentar que ciertos desplazamientos correspondían a actividades del equipo del Senado del Pacto Histórico, cuando solo 2 de 27 vuelos mencionados incluyeron candidatos parlamentarios.
La Fiscal General, Luz Adriana Camargo, informó que el ente acusador abrió dos líneas de investigación en torno a la campaña presidencial 2022 Petro presidente, centradas en su exgerente Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol.
“Hemos avanzado en punto a lo que tiene que ver con alguna serie de actuaciones del director de Ecopetrol en el ejercicio de su cargo y tenemos la otra línea de investigación que tiene que ver específicamente con dos temas, con violación de topes electorales y con el posible ingreso de dineros provenientes de organizaciones al margen de la ley”, indicó Camargo, según Noticias RCN.
La primera línea busca determinar si la campaña violó los topes electorales establecidos por la ley; la segunda, examina la posible procedencia de recursos provenientes de organizaciones al margen de la ley.
Esto llega tras la sanción administrativa impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que encontró irregularidades en la financiación y excedentes en los gastos declarados.
El anuncio podría abrir la puerta a procesos penales si se confirman irregularidades graves como la utilización de fondos prohibidos, falsificación documental o exceder los topes permitidos para campañas electorales.
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