Más de 28 millones de firmas impulsan candidaturas a la Presidencia en Colombia: ¿quiénes siguen en la carrera?

El proceso de inscripción para aspirantes a la Presidencia de la República en Colombia ha alcanzado un nuevo hito: los comités ciudadanos entregaron ante la autoridad electoral un total de 28.582.935 firmas de respaldo. Esta significativa participación busca sustentar la inscripción de distintos candidatos de cara a las próximas elecciones presidenciales. La Ley 996 de 2005, en su artículo 7, establece que cada candidatura que se postule por medio de firmas debe presentar un mínimo de 635.216 apoyos válidos, cifra equivalente al 3 % de los votos válidos registrados en la primera vuelta presidencial más reciente. Según los datos, esos votos en 2022 sumaron 21.173.842, lo que define el umbral necesario.

La rigurosidad del proceso de verificación fue determinada por la Registraduría Nacional, entidad encargada de constatar la validez de los apoyos. Tras este minucioso análisis, se seleccionaron los comités y candidatos que superaron el requisito legal y pueden continuar en la carrera presidencial. De acuerdo con el balance oficial, son 15 los grupos significativos de ciudadanos los que lograron alcanzar este umbral mínimo de firmas válidas, representando a una diversa lista de aspirantes que recibieron el aval para continuar su proceso electoral.

Entre los avalados se encuentran figuras conocidas, como Claudia López y Vicky Dávila, junto a otros liderazgos emergentes como Santiago Botero y Juan Daniel Oviedo. Campañas como "Romper el sistema", "Valientes" o "La abogada de hierro" evidencian la pluralidad de proyectos políticos en contienda. Todos estos candidatos obtuvieron el respaldo suficiente de ciudadanos, pasando así el filtro que certifica su legitimidad conforme a la normativa vigente.

Sin embargo, no todos lograron alcanzar el requisito. Seis comités no pudieron presentar el número necesario de firmas válidas y, según lo anunciado por la Registraduría, sus representantes quedaron fuera de la contienda. Estos aspirantes, a pesar de su esfuerzo en la recolección, no cumplieron con el estándar legal que busca garantizar la representatividad y el apoyo real de la ciudadanía.

Además, esta fase de la verificación no estuvo exenta de complicaciones. La Registraduría comunicó que, tras examinar las firmas, identificó irregularidades en los apoyos recolectados por los comités de Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao. Las anomalías detectadas, como la presencia de formularios en blanco, planillas fotocopiadas, firmas aparentemente hechas por una única persona y respaldos impresos desde archivos digitales, motivarán la presentación de denuncias formales. Tales prácticas podrían ser constitutivas de conductas irregulares dentro del proceso de inscripción de candidaturas.

Este exhaustivo procedimiento, como recalca la Registraduría, no es meramente formalista; constituye un filtro legal y técnico imprescindible para asegurar que cada propuesta presidencial cuente, desde el inicio, con el respaldo ciudadano necesario y transparente que la ley exige. Así, se protege la legitimidad del certamen democrático y se resguarda la confianza pública sobre la validez de quienes aspiran a liderar el país.

¿Qué consecuencias pueden enfrentar los comités que incurran en irregularidades al recolectar firmas?

La posibilidad de presentar denuncias penales o administrativas contra los comités que incurren en prácticas irregulares al presentar firmas es una medida relevante para salvaguardar la transparencia electoral. Según lo anunciado por la Registraduría, aquellos que hayan cometido irregularidades, como firmas falsas o formularios inadecuados, pueden enfrentar investigaciones que podrían repercutir tanto en la anulación de apoyos como en sanciones legales.

Esta acción busca disuadir intentos de fraude y mantener la integridad del proceso democrático. En muchos casos, los procesos de recolección de firmas pueden ser vulnerables a malas prácticas, por lo que contar con mecanismos de control y sanción se convierte en una garantía para que la voluntad popular expresada en las urnas corresponda efectivamente con el respaldo social real de cada candidatura.