Fiesta de lujo en la cárcel de Itagüí: artistas, licor y escándalo dentro del pabellón de los capos

El pasado 8 de abril, la tranquilidad de la cárcel de Itagüí se vio alterada por una lujosa celebración organizada en uno de sus pabellones, donde se ubican cabecillas de bandas delincuenciales que forman parte activa de los diálogos con el Gobierno Nacional. De acuerdo con datos obtenidos por EL COLOMBIANO y con denuncias hechas públicas por la exfiscal y actual concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, el evento contó con la presencia de reconocidos artistas como Nelson Velásquez e, incluso, versiones sugieren la participación de otros músicos y artistas populares. Esta fiesta no sólo incluyó presentaciones musicales, sino también abundante licor, servicio de catering, meseros y rumores sobre el ingreso de prostitutas al penal, circunstancias inusuales y ajenas al régimen carcelario habitual.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) emitió un comunicado anunciando medidas inmediatas frente a la situación, tras la visita directa de su director regional al establecimiento. Como resultado, se produjo el relevo del director encarcelario encargado y el traslado del comandante de vigilancia. Estas acciones se complementaron con la apertura de una investigación disciplinaria a siete funcionarios que se hallaban en servicio durante la realización del evento, según lo informó oficialmente la entidad.

Claudia Carrasquilla destacó que esta celebración se habría orquestado desde el pabellón de alta seguridad, precisamente por quienes participan, como voceros, en el proceso de 'Paz total', facilitando la entrada de cerca de cien personas bajo el beneficio de visitas permitidas los miércoles. Respecto a los recursos, versiones recogidas por EL COLOMBIANO indican que la suma invertida en la fiesta llegó a los 500 millones de pesos, presuntamente recaudados en una colecta entre los cabecillas. El pago al artista Nelson Velásquez habría alcanzado los cien millones, subrayando la magnitud del evento.

Las circunstancias que permitieron la realización de la fiesta habrían sido aprovechadas por los internos organizadores, dado que el director titular de la cárcel se encontraba en su día de descanso, dejando al mando a un mayor apellidado Cipriano, quien ya había estado involucrado en un episodio anterior, conocido como el “tarimazo”, cuando varios capos salieron del penal para un acto en La Alpujarra, evento al que asistió el presidente Gustavo Petro.

Frente a esta denuncia, el Inpec aclaró contundentemente que en ningún momento la actividad fue aprobada ni por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General de la institución. Se resaltó que la intervención de grupos especiales en el pabellón de alta seguridad había sido ordenada, y se advirtió la existencia de personas en presunto estado de alicoramiento el día de los hechos, situación constatada durante la intervención de las autoridades penitenciarias. Asimismo, la senadora Isabel Zuleta, designada por el Gobierno Petro como facilitadora de los diálogos con bandas del Valle de Aburrá, expresó su rechazo explícito hacia los funcionarios que permitieron la realización del evento y anunció la emisión de un comunicado oficial para precisar su posición.

¿Qué significa el proceso de ‘Paz total’ y por qué es relevante en este contexto?

El proceso de ‘Paz total’ mencionado en el contexto de la fiesta en la cárcel de Itagüí se refiere a los esfuerzos del Gobierno Nacional para establecer diálogos y acuerdos con organizaciones armadas ilegales, con el objetivo de reducir la violencia y alcanzar la reconciliación en distintas regiones. En este caso, algunos de los internos que organizaron la celebración son voceros reconocidos dentro de dicho proceso y, como tales, gozan de ciertos beneficios, como el permiso de visitas ampliadas.

La relación entre los titulares de este beneficio y la realización de un evento lujoso dentro del penal pone en entredicho los mecanismos de control y verificación de las autoridades penitenciarias, así como la supervisión de los acuerdos enmarcados en la política de ‘Paz total’. Este episodio plantea interrogantes sobre los límites y controles de los privilegios otorgados a quienes participan en procesos de diálogo, y sus posibles consecuencias en la opinión pública y la credibilidad institucional.