Alerta en San Félix: ordenan a Salamina mejorar el alcantarillado ante riesgo para salud y medio ambiente

El 26 de enero de 2026, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales emitió una sentencia en primera instancia que pone en evidencia una problemática estructural en el corregimiento de San Félix, ubicado en Salamina, departamento de Caldas. El fallo, basado en la revisión de la infraestructura sanitaria, establece que existe una carencia significativa en el sistema de alcantarillado de la zona, comprometiendo tanto la salubridad pública como la estabilidad ambiental del entorno urbano. Según se detalla en el documento judicial, se identificó un grave riesgo derivado de la ausencia de una adecuada conducción y evacuación de aguas residuales y pluviales, lo que podría desencadenar afectaciones sanitarias y medioambientales directas para la comunidad local.

La decisión judicial, reseñada por el Juzgado Cuarto Administrativo, señaló que dicha situación representa una amenaza cierta y comprobada, capaz de afectar los derechos colectivos básicos de la población. El riesgo está vinculado no solo a fallas técnicas en el sistema, sino también a la posibilidad real de que se materialicen afectaciones a la salubridad y a la integridad del entorno, elementos fundamentales para la calidad de vida de los habitantes. El fallo también aclara que, en este proceso, se declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa pasiva frente a tres entidades: Empocaldas, Comité Departamental de Cafeteros de Caldas y la Asociación de Usuarios de Servicios Colectivos “Aguas del Paraíso”.

En cuanto a responsabilidades, el Juzgado determinó que el Municipio de Salamina está vulnerando los derechos colectivos de sus habitantes, entre los que destaca el derecho a la seguridad, prevención de desastres técnicamente previsibles y acceso eficiente y oportuno a servicios públicos de saneamiento. El documento señala la necesidad de garantizar una infraestructura sanitaria adecuada y plantea la obligación municipal de actuar, ya que estos servicios resultan esenciales para la protección de la salud pública y el bienestar general, fundamentos reconocidos por la legislación colombiana.

Entre las órdenes impartidas, el Tribunal establece medidas concretas para abordar esta problemática. Se exige la realización de estudios técnicos y la definición de un cronograma inicial de tres meses para contratar una consultoría técnica, seguida de seis meses adicionales para la ejecución, entrega de resultados y adopción de acciones administrativas conforme a la viabilidad técnica identificada.

En consecuencia, el Municipio de Salamina deberá formular un plan de mejoramiento para el sistema de alcantarillado en San Félix y asegurar la adecuada prestación de este servicio mientras se llevan a cabo las obras necesarias. Además, tendrá la responsabilidad de formular y presentar proyectos ante la Gobernación de Caldas y la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) para obtener la cofinanciación de las acciones propuestas. Estas dos entidades deberán proporcionar asistencia técnica y financiera en todo el proceso. Finalmente, se ordena la conformación de un Comité de Verificación de Cumplimiento, encargado de garantizar la ejecución de lo dispuesto en el fallo judicial.

¿Por qué es importante una adecuada infraestructura de alcantarillado en las zonas rurales? La disponibilidad de un sistema de alcantarillado eficiente es clave para la protección de la salud pública y la conservación ambiental, especialmente en áreas rurales donde los recursos pueden ser limitados. Según lo dispuesto por el juzgado y citado en el proceso, la ausencia de infraestructura óptima expone a comunidades enteras a riesgos sanitarios, aumenta la posibilidad de contaminación de fuentes hídricas y puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo sostenible de la región. Esta problemática, evidenciada en el caso del corregimiento de San Félix, resalta la urgencia de que las administraciones municipales prioricen inversiones y gestión técnica en este tipo de servicios básicos.

De acuerdo con lo dispuesto por esta sentencia, se plantea la interrogante sobre los desafíos que enfrenta la articulación entre los gobiernos municipales y departamentales para garantizar la financiación y ejecución de proyectos de saneamiento rural, considerando que la coordinación institucional será determinante para resolver deficiencias históricas en la prestación de estos servicios.