Extorsión desde cárceles: la red criminal invisible que pone en jaque la seguridad en Colombia

La reciente operación conjunta efectuada en la cárcel Doña Juana, ubicada en La Dorada, Caldas, volvió a poner en evidencia una problemática arraigada y compleja en el sistema penitenciario de Colombia: la proliferación de extorsiones telefónicas desde el interior de los centros de reclusión, muchas veces escudadas en la supuesta identidad de grupos armados ilegales. Durante esta intervención, liderada por la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, comandante de la Policía de Caldas, se revisaron 20 celdas y se decomisaron teléfonos celulares, armas cortopunzantes, drogas y medicamentos de control especial. Los hallazgos retratan la existencia de una red sofisticada dentro del penal, capaz de impactar distintas regiones del país según la fuente original.

El fenómeno, lejos de ser exclusivo de Caldas, está ampliamente documentado como un problema nacional. Datos suministrados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirman que la cárcel Doña Juana es la segunda en Colombia con más llamadas extorsivas originadas en su interior, siendo solamente superada por la cárcel La Picota en Bogotá. Este tipo de criminalidad afecta de manera transversal a departamentos como Antioquia, Cauca y Córdoba, en una red que conecta daños y víctimas a nivel interregional. Estas cifras resaltan la urgencia de profundizar en el análisis de las causas estructurales y los caminos potenciales hacia soluciones de fondo.

Al examinar el contexto que favorece estas prácticas, expertos en criminología coinciden en señalar la deficiente supervisión sobre el ingreso de dispositivos electrónicos como la causa primaria de la operatividad de estas redes dentro de las cárceles. Un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y del Derecho en 2023 subraya que la entrada irregular de celulares es el principal catalizador de extorsión, ejecución de homicidios y otras acciones ilícitas perpetradas desde los claustros penitenciarios. Además, el problema se agrava por la sobrepoblación, un factor que favorece ambientes propicios para la radicalización y la formación de estructuras criminales internas.

El impacto no se restringe al aspecto económico. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, muchos internos involucrados en estas redes aprovechan el temor histórico asociado a los grupos armados ilegales para intimidar a las comunidades, lo que genera desplazamientos y profundiza el estado de ansiedad en las regiones más expuestas. Este tipo de suplantación dificulta la denuncia y responde a una necesidad de mayor protección institucional para la ciudadanía afectada.

En respuesta, organismos como Gaula —grupo especializado de la Policía Nacional en el combate al secuestro y la extorsión—, junto al Inpec y la Personería, han fortalecido sus campañas preventivas y sus operativos dentro y fuera de las cárceles. Entre sus recomendaciones se destaca la importancia de no ceder a chantajes y reportar el delito por la línea gratuita 165, lo que permite ofrecer acompañamiento y seguimiento a la víctima. Estos esfuerzos, que han permitido en los últimos años la incautación constante de dispositivos, muestran el avance en la articulación institucional y la prevención.

Sin embargo, la respuesta estructural exige mucho más que medidas punitivas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), enfrentar la extorsión carcelaria requiere políticas públicas integrales en los ámbitos de infraestructura, rehabilitación y tecnología penitenciaria. Ignorar estos factores fomenta un ciclo de violencia que transfiere el crimen del interior al exterior de las cárceles, comprometiendo la seguridad pública. En zonas rurales y marginadas, un análisis de la Fundación Paz y Reconciliación señala cómo la carencia de respuesta estatal hace que la extorsión profundice la exclusión y vulnere derechos fundamentales, agravando la precariedad existente y dejando a los afectados en estado de indefensión.

Este conjunto de factores resalta la necesidad de una visión multidimensional y colaborativa, en la que la acción policial y la inversión estatal permitan romper el ciclo de criminalidad intra y extramuros. Solamente el fortalecimiento de la infraestructura, el control efectivo de dispositivos y el acompañamiento social pueden reducir sustancialmente el impacto de este flagelo y restablecer la confianza de las comunidades vulneradas ante la amenaza constante de extorsión.

Preguntas frecuentes relacionadas

¿Qué acciones puede tomar un ciudadano si recibe una llamada extorsiva supuestamente desde una cárcel?

El ciudadano que recibe una llamada de extorsión debe, ante todo, evitar entrar en pánico y no acceder a las exigencias económicas del extorsionista. Las autoridades recomiendan no proporcionar información personal y cortar la comunicación lo antes posible. Es fundamental comunicarse de inmediato con la línea nacional 165 del Gaula para recibir orientación, registrar el caso y activar los protocolos de protección. Esta línea ofrece atención gratuita y confidencial especializada en acompañar a las víctimas, incluso si el origen de la llamada se sospecha en un centro carcelario.

Seguir estos pasos contribuye no solo a la propia seguridad sino al trabajo de las autoridades en la identificación de nuevas modalidades delictivas y a la prevención de futuras víctimas. Además, la denuncia oportuna facilita la acción judicial y la planeación de operativos internos que permitan incautar dispositivos y desmantelar las redes criminales.

¿Por qué es tan difícil controlar el ingreso de celulares a las cárceles en Colombia?

El control sobre el ingreso de teléfonos celulares a las penitenciarías es una de las tareas más difíciles para el Inpec, debido a factores estructurales como el hacinamiento, la corrupción y la sobredemanda sobre el personal de custodia. Con frecuencia, los reclusos recurren a estrategias cada vez más sofisticadas, como el uso de familiares, visitantes y proveedores para introducir dispositivos, aprovechando los vacíos en la infraestructura de seguridad y la falta de tecnología de detección.

A su vez, la sobrepoblación carcelaria y los recursos limitados dificultan la vigilancia permanente. El problema se agrava con los intentos de corrupción de algunos funcionarios, lo que termina perpetuando la entrada de objetos prohibidos. La solución exige inversión en sistemas tecnológicos avanzados, mayor capacitación del personal y control social colectivo para reducir este fenómeno y sus consecuencias en la seguridad ciudadana.