Así opera la extorsión en Santa Marta: “vacunas”, control narco y temor en el paraíso turístico de Colombia

Quienes visitan Santa Marta se ven inmersos en una estructura de extorsión que impregna casi todas las actividades económicas de la ciudad costera. Este fenómeno, controlado en aproximadamente un 95 % por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), ha generado una fuerte disputa con el Clan del Golfo, especialmente en el contexto de las negociaciones de paz total impulsadas por el presidente Gustavo Petro. Según revela El Espectador, aunque las mesas de diálogo siguen activas, en las últimas semanas se han intensificado los combates en la Sierra Nevada, forzando incluso la intervención de misiones humanitarias y el cierre temporal de espacios turísticos como el Parque Tayrona.

La economía turística es uno de los principales motores financieros de la región y, paradójicamente, una de las más afectadas por el cobro de las llamadas “vacunas”. Desde el pago de transporte y hospedaje, hasta la compra de artesanías o la contratación de actividades recreativas, gran parte del flujo de dinero en Santa Marta termina aportando a estas rentas criminales. Prestadores de servicios y población local han terminado por ver la extorsión como un costo más del negocio, según explica el antropólogo Lerber Dimas Vásquez a El Espectador, en un contexto donde el temor y la coacción facilitan la permanencia de este mecanismo de control.

Este sistema sofisticado de pagos inicia con una “matrícula” obligatoria, seguida de cuotas mensuales o semanales cuyos montos varían dependiendo del tipo de actividad. No solo los comerciantes formales se ven involucrados: sectores como el mototaxismo y los populares “pagadiario” también deben registrarse y cumplir con los pagos. Además, las ACSN han implementado sistemas paralelos de vigilancia y censo a través de “serenos”, quienes controlan los barrios y recogen el dinero de la extorsión.

La “bonanza” generada por estas rentas ilegales ha democratizado, en cierta medida, la circulación del dinero: a diferencia de épocas dominadas por el tráfico de marihuana o cocaína, la actual explotación del turismo como principal fuente de ingresos ilícitos llega a más actores, aunque siempre bajo el control férreo de los grupos armados. La regulación del mercado local, con tarifas y sanciones impuestas por las ACSN, ha creado una informalidad institucionalizada, donde los actores ilegales resuelven disputas y sancionan abusos incluso con castigos físicos, como reporta la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La presencia histórica de actores armados en Santa Marta ha dado lugar a una gobernanza criminal que se nutre de la convivencia, la amenaza y la expansión de las economías ilegales. Tras la desmovilización de antiguas estructuras paramilitares, éstas se reconfiguraron bajo nuevas denominaciones, pero mantuvieron poder territorial y control social. Investigadores citados por El Espectador destacan que la actual hegemonía de las ACSN se debe, en parte, a la integración de miembros locales en sus filas, lo que forja alianzas sociales y dificulta las denuncias. A la par, el sistema de extorsión se ha diversificado hasta alcanzar al sector agroindustrial y productivo, desde bananeros hasta caficultores.

La lucha por el control de estas rentas criminales promete prolongar el conflicto en la Sierra Nevada mientras la extorsión siga siendo un componente central de la economía y la cotidianidad samaria.

¿Cómo funciona el sistema de “vacunas” y por qué es difícil erradicarlo en Santa Marta?

El término “vacuna” en el contexto colombiano se refiere al cobro sistemático de cuotas extorsivas impuestas por grupos armados ilegales a comerciantes, transportistas y otros actores económicos. Según lo documentado por El Espectador y diversas fuentes consultadas en la región, estas cuotas pueden iniciar como un pago de “matrícula” para autorizar la operación de un negocio, seguido de pagos periódicos. La dificultad para erradicar el sistema radica en su normalización social, la percepción de que las “vacunas” son un componente más del costo operativo, y la incapacidad de las autoridades para dimensionar el fenómeno, en parte por la falta de denuncias y el uso de medios de pago difíciles de rastrear.

Este entramado ha generado una especie de “gobernanza paralela”, donde la autoridad de facto la ostentan los grupos armados, quienes se encargan no solo del cobro, sino también de regular conflictos, imponer sanciones y hasta ofrecer protección. La falta de presencia estatal efectiva y el arraigo del control armado en la estructura social y económica de Santa Marta dificultan romper este ciclo, prolongando el impacto de la extorsión en la vida cotidiana de la ciudad.