Solicitud de expediente contra Álvaro Uribe enfrenta a la Comisión de la Cámara y la Fiscalía sobre la investigación de masacres en Antioquia

La decisión de los cinco representantes del movimiento político Pacto Histórico en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia provocó una nueva ola de debates políticos y jurídicos. David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra respaldaron la propuesta de que dicha Comisión solicite a la Fiscalía General de la Nación el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe, relacionado con investigaciones sobre las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y la aparente conformación del grupo paramilitar conocido como Bloque Metro en la hacienda Guacharacas, según informó El Diario.

La solicitud surgió luego de una petición de Jaime Granados, abogado defensor de Uribe, quien argumentó que existe un posible delito de concierto para delinquir agravado cuyo desarrollo habría llegado hasta 2003, periodo en el que Uribe ya ejercía la presidencia de Colombia. De acuerdo con esa interpretación, la Comisión de Investigación y Acusación sería competente, en virtud del fuero presidencial. Así, la Comisión, bajo presidencia de Carlos Cuenca de Cambio Radical, aprobó de manera unánime solicitar a la Fiscalía el traslado del expediente y, en caso de negativa, remitir el conflicto a la Corte Constitucional para que determine la competencia adecuada.

La respuesta de la Fiscalía fue clara y llegó por conducto de la fiscal delegada Gloria Marcela Abadía Cubillos, quien señaló que corresponde a la Fiscalía seguir con la investigación. El argumento central radica en que los hechos investigados se dieron principalmente en 1996 y 1997, cuando Uribe ocupaba el cargo de gobernador de Antioquia, y no la presidencia. Por ello, la entidad considera que el fuero presidencial no aplica y que la Comisión no puede asumir el proceso. Adicionalmente, rechazó la interpretación sobre la continuidad del delito hasta 2003, al señalar que los hechos jurídicamente relevantes que motivan la investigación no corresponden con esa cronología. Mientras persista la discrepancia, la Fiscalía afirmó que el proceso seguirá en su despacho, a la espera de una definición por parte de la Corte Constitucional.

El respaldo de los representantes del Pacto Histórico generó especulaciones sobre posibles acuerdos políticos entre el petrismo y el uribismo. Sin embargo, según declaraciones recogidas por El Diario, no existen pruebas de tal pacto; los congresistas explicaron que su voto respondió a la discusión sobre la autoridad competente, sin implicar una toma de postura frente a la responsabilidad penal de Uribe. Finalmente, los mismos cinco respaldaron la decisión de la Fiscalía de continuar la investigación, buscando zanjar la controversia.

Actualmente, el expresidente Uribe está citado a indagatoria por estos hechos, en una diligencia reprogramada para el 4 de septiembre de 2026. El debate jurídico sobre la autoridad competente para investigar sigue sin resolverse, siendo el foco de la controversia más allá de las discusiones políticas.

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¿Por qué la Fiscalía considera que es competente para investigar a Álvaro Uribe?

La Fiscalía General de la Nación sostiene que es competente porque los hechos investigados ocurrieron, según su análisis, en 1996 y 1997 cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia, no presidente de la República. Por esa razón, la Fiscalía argumenta que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes no puede asumir el proceso bajo la figura del fuero presidencial.

¿Qué es la Comisión de Investigación y Acusación y cuál es su función?

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es un órgano del Congreso colombiano responsable, entre otras cosas, de investigar a altos funcionarios del Estado que gocen de fuero especial, como el presidente de la República. Su función principal es determinar si hay lugar o no a una acusación ante la Cámara por presuntos delitos cometidos por estos funcionarios durante el ejercicio de sus funciones.