Exmilitares reconocerán falsos positivos en audiencia; serían más de 300 víctimas

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) prepara la audiencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad de 23 exmilitares y colaboradores que aceptaron haber asesinado y permitir tales crímenes contra 303 personas en el Casanare, entre 2005 y 2008.

Entre los comparecientes están dos exmiembros de la Brigada XVI del Ejército, el exdirector del extinto DAS de Casanare, Orlando Rivas, y dos terceros civiles.

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Se trata de uno de los ejercicios esenciales de la JEP de cara a establecer las sanciones contra los funcionarios públicos que confesaron sus crímenes. En abril pasado, por ejemplo, 10 militares y un civil entregaron detalles públicamente sobre la forma en que engañaron, condujeron, asesinaron y mostraron como bajas en combate (falsos positivos) a 120 inocentes en el Catatumbo, entre ellos los jóvenes reclutaron en Soacha.

“Había que buscar los resultados como fuera. Los grupos de guerrilla no los encontrábamos, pero había que dar el resultado”, señaló uno de los exmilitares, ante la mirada de los familiares de víctimas y los lentes que transmitieron la audiencia pública. Ahora, la oportunidad será para quienes deben responder por el capítulo particular de Casanare, entre ellos el general (r) Henry Torres Escalante.

Así lo confesó el exmilitar en un documento oficial ante la JEP: “Mi responsabilidad se funda en las presiones permanentes que hice a mis subordinados, mismas que me eran aplicadas por parte de mis superiores, exigiendo resultados operacionales, dando prelación a las bajas en combate, lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo en la Unidad que comandaba, cuando debí ejercer una comandancia mesurada en la emisión de órdenes”.

Sin embargo, no todas las personas vinculadas a la investigación por la JEP tomaron el camino del diálogo. Dado que no aceptaron responsabilidad alguna, los coroneles (r) Cipriano Peña y Germán Alberto León tendrán un juicio en la jurisdicción, que podría terminar con una condena a 20 años de prisión contra ambos.

De acuerdo con la JEP, la mayoría de las víctimas fueron hombres entre los 18 y 25 años. Se registró, además, información por el asesinato de nueve mujeres, entre ellas una en embarazo y dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales.

Asimismo, la JEP da cuenta por la utilización de niños, niñas y adolescentes como reclutadoras o personas encargadas de participar en el engaño que condujo a la muerte a algunas víctimas.

Reconocerán responsabilidad públicamente, además, el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo; los tenientes (r) Henry Hernán Acosta y Marcolino Puerto Jiménez; los mayores (r) Gustavo Enrique Soto, Jorge Eduwin Gordillo y Erwin Duarte; los capitanes (r) Jaime Rivera Mahecha, César Augusto Cómbita y Miguel Andrés Sierra; y los tenientes (r) Marco Fabián García, Edwin Leonardo Toro, Jhon Alexander Suancha y Zamir Humberto Casallas.

Y, por último, el sargento primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez, los sargentos segundos (r) Wilson Salvador Burgos, Gildardo Antonio Jiménez y Faiber Alberto Amaya; el cabo primero (r) Gélver Pérez García; el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná; y del exdirector (r) del extinto DAS, además del de dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores: Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez.