Estafa que montó exconcejal con ‘zar’ del chance ilegal enlodó a ciudadanos inocentes

El exconcejal de Armenia, Hernando José Mora Hernández, es investigado por la Fiscalía Especializada de Manizales por su presunta participación en el grupo delincuencial organizado ‘Los Chanceros ilegales’, encabezado por César Augusto Burgos Duque.

Según la investigación del ente perseguidor penal, el excabildante se asoció delictivamente con el ‘Zar’ del chance ilegal y “ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico del Eje Cafetero para cumplir funciones de promotor de esta acción al margen de la ley” en los municipios caldenses de Manizales, Pácora, Villa María y otras 6 localidades de ese departamento.

Su actividad era captar a ciudadanos de escasos recursos para conformar una sede de esta organización en esa región que se encargara de vender chance clandestino.

Agrupó desde vendedores de ‘solteritas’ hasta madres cabeza de familia, en su gran mayoría se caracterizaban por ser adultos mayores, personas de escasos recursos, campesinos y ciudadanos con bajos niveles de formación académica.

La gestación, inicio, consolidación y finalidad de la promoción de la actuación criminal de Mora Hernández —según la Fiscalía— se dio desde el 2012 y hasta mayo 23 del 2018.

La empresa ilegal operó en varios municipios de Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia, entre otros, cuyos integrantes se dedicaban a actividades delictivas, a la venta de chance ilegal clandestino a través de celulares y de una aplicación instalada con acceso a una plataforma móvil y direccionada al subdominio “sos2vendedor.ondine.net.co”, que les permitía registrar en línea las apuestas y en la que se relacionaban a los vendedores.

Algunos integrantes fueron capturados en mayo del 2018 a raíz de las alertas que hizo la empresa Susuerte S.A., mediante comunicación escrita, en la que se advertía de pérdidas superiores a los 16.000 millones  de pesos anuales por la venta ilegal.

Como resultado de la pesquisa desplegada se logró determinar el modus operandi de la empresa criminal, conformada por 30 personas, identificándose a César Augusto Burgos Duque como su líder y a Pereira como la sede principal.

El exconcejal Mora Hernández era señalado como promotor encargado de los vendedores en distintos sectores de la región.

Proceso contra exconcejal

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales —Sala penal— aprobó la negación del juzgado Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, al preacuerdo de aceptación de cargos del exconcejal de Armenia a 7 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir simple y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

El 13 de abril de 2021 se tenía prevista la audiencia preparatoria, siendo sustituido el acto a instancia del fiscal, quien hizo saber del pacto suscrito con la defensa del acusado.

En el acto dio lectura al preacuerdo, luego de lo cual respondió algunas preguntas del delegado del Ministerio Público y del juez, relacionadas con el valor establecido como incremento por el imputado durante su participación en los hechos delictuales, para después surtirse la verificación de sus términos y la exploración sobre su consentimiento y renuncia de sus derechos constitucionales.

Pero el ‘Florero de Llorente’ estuvo en que obra la certificación de la única víctima reconocida, la empresa Susuerte SA, en la que aseguró haber sido indemnizada por la suma de $2.700.000.

La defensa recalcó que Mora Hernández indemnizó a la víctima y consignó la suma que esta señaló, amén de que se garantizaron los criterios de legalidad, justicia y proporcionalidad, por lo que reclamó la aprobación del pacto.

La procuradora demandó de la Fiscalía esclarecer algunos aspectos, en torno a la forma como se estableció el valor de lo certificado por la víctima, frente a lo cual se replicó que correspondía al 100% de la indemnización a la entidad que fue la que determinó la suma, tal cual fue consignado en el documento del 12 de abril de 2021 que se dispuso a leer.

Al requerimiento posterior del juez respecto al cálculo de las ganancias que tuvo el exconcejal en los hechos, respondió que ascendió a $26.700.601.

Tras esta repuesta, la delegada de la procuradora judicial expuso su preocupación en cuanto a que no se reintegró el 50 % de la cantidad establecida como presunto incremento que obtuvo el acusado, como tampoco la garantía del saldo restante que, si bien la víctima certificó haber sido reparada, darse un solo beneficio, no era menos cierto que se desatendía el presupuesto legal ya referido, al no generarse el reintegro del 50 % del incremento percibido.

Después de esto, el togado improbó la negociación suscrita en el preacuerdo, compartiendo la desazón exteriorizada por la procuradora y advirtió que acorde con la línea jurisprudencial vigente, el allanamiento como expresión de una negociación imponía la exigencia consignada, luego al haber sido tasado por el fiscal en el valor de $26.700.601 la cantidad consignada a la víctima de $2.700.000 no correspondía al total del incremento que Mora Hernández consiguió en su condición de promotor al margen de la ley en la actividad de chance ilegal.

La conclusión del juez fue tal que lo comparó con el caso Nule de Bogotá en la que esclareció que tal exigencia no correspondía a una reparación para la víctima, en la medida que esta estaba garantizada en el escenario del incidente de reparación, o como presupuesto de rebaja de pena, sino que el instituto buscaba evitar la ventaja patrimonial que el agente criminal logró con la comisión del delito.

Pese a lo examinado manifestó que se superaría tal dificultad, al desestimarse una violación grosera o desproporcional en dicha variación, lo que no ocurría respecto al enriquecimiento indebido e injustificado de habilitarse el preacuerdo, al haberse establecido de forma objetiva que la ventaja fue de $26.700.601, lo que se constituye en una barrera para la aprobación de la negociación.

Cabe señalar que el Fiscal, con apoyo en el documento aportado sobre la indemnización, ilustró que lo plasmado por la única víctima reconocida en este proceso, la empresa Susuerte, manifestó sentirse resarcida de forma íntegra, pues conocía el monto de lo sustraído por el exconcejal de Armenia y la negociación se dio en el porcentaje que esta fijó, sin que pueda dársele un alcance distinto a la norma.

Expuso que la jurisprudencia hizo una interpretación extensa del pensamiento del legislador, de darle participación a la víctima, la que, en este caso, fue quien hizo el trato frente al resarcimiento que debía hacer Mora Hernández, pero el Tribunal concluyó que el reintegro tenía que ser superior por lo apoderado por parte del quindiano en tierras caldenses.

Finalmente, la audiencia se aplazó para el 26 de mayo a las 8:25 a. m. donde la defensa y la Fiscalía buscarán entregar un nuevo preacuerdo al juez especializado donde Mora Hernández acepte los cargos y obtenga como mínimo casa por cárcel en Quindío.