Exalcalde de Ataco, Tolima, señalado de corrupción por pérdida de 213 millones de pesos

Todos están relacionados con presuntos actos de corrupción en la adjudicación directa de tres convenios y un contrato con la Corporación Superior para el Desarrollo Organizacional y Humano (Cordes).

Por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, la Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho seccional de la Unidad de Administración Pública en el Tolima, radicó escrito de acusación.

Los señalados son: el exalcalde de Ataco, Jáder Armel Ochoa Mappe; María Alejandra Ortiz Montes, exsecretaria de Desarrollo social; y Jesús Alberto Ramírez Sánchez, exasesor jurídico externo.

¿Falsos informes?

Según los peritos del CTI, hubo al parecer una violación a los principios de planeación, publicidad y selección objetiva, donde se habrían falseado informes de ejecución de los convenios cuando jamás se hicieron efectivos, con lo cual lograrían apropiarse de manera ilícita de 213 millones 118 mil pesos.

Los investigadores encontraron que esta corporación no tenía la capacidad económica ni logística para asumir este tipo de convenios, de lo cual se deduce, fue usada como fachada para manipular y darle manejos amañados a los recursos del municipio.

Convenios ‘chuecos’

Los convenios en general estaban relacionados “con el aunar esfuerzos para la realización de eventos culturales, recreativos y fomento al sector agropecuario en el marco de las ferias del municipio a celebrarse del primero al 4 de julio del año en curso, para eventos para la población víctima del conflicto armado y festividades de fin de año”.

Entretanto, el contrato tenía como objeto “el acompañamiento y monitoreo en la elaboración del estudio de la modernización de la Administración Municipal, para el fortalecimiento y desarrollo eficiente de las competencias”. El proceso pasará a audiencia de juicio en cabeza de un fiscal de Chaparral.

Ochoa Mappe también es investigado por la presunta celebración irregular de 37 contratos de prestación de servicios por un valor de 186 millones de pesos.