Inmobiliaria permitía que montaran estudios de modelos webcam en inmuebles en arriendo

Séptimo Día reveló los casos de dos propietarias que se han visto estafadas por una compañía que, además, incumplía constantemente sus contratos.

En particular se trata de dos casos en Bogotá, en los que la inmobiliaria Promised Land se comprometió a administrar y hacerse cargo de inmuebles. Sin embargo, para sorpresa de sus propietarias, estos terminaban siendo estudios para modelos webcam, de acuerdo con el programa.

En cabeza de un individuo identificado como Carlos Vargas, de quien son múltiples las quejas por presuntas estafas, la compañía firmaba contratos con sus clientes, pero posteriormente los incumplía. En primer lugar, no efectuaba los pagos según lo pactado, pero el agravante eran las quejas de vecinos y administración de los inmuebles, que fueron los que pusieron bajo aviso a las dueñas de lo que allí sucedía.

Una de las dueñas dijo a Séptimo Día que la administración le informó de “actos ilícitos, ruidos exagerados, gemidos, mujeres entrando en la madrugada ligeras de ropa y un constante tráfico de gente”.

Ante esto, y ante la presión ejercida para que le devuelvan su propiedad, la mujer cuenta que recibe una llamada en la que le dicen “ahí le dejamos su inmueble”. Ella entra a la fuerza con unos familiares y halla toda la parafernalia para el negocio de modelos webcam, además de cuadernos con las listas de las mujeres que trabajan ahí, sus turnos de trabajo y las claves de acceso a chats sexuales.

En ese momento, la mujer facilitó un video en el que se ve que alguien intenta irrumpir en el lugar, y es una mujer identificada como Johana Barrera junto con Vargas, que después de llamar a la policía terminan haciendo detener a la dueña. Según el programa, ella creyó en la llamada y entró aunque lo tenía en alquiler; algo que es ilegal, pues no sería el conducto regular para solucionar el tema, por lo que también queda en evidencia el desamparo de la ley para estos casos.

Algo muy parecido le sucedió a otra propietaria, que acudió a la Casa de Justicia, hizo conciliación y se comprometieron a devolverle su inmueble, pero finalmente incumplieron.

En algún punto, ambas se preguntan si Vargas no es cómplice de los que llaman “prostíbulos” montados en sus inmuebles. No obstante, por lo pronto debería responder por su uso como puntos comerciales.

Otras denuncias contra Promised Land incluyen el cobro ilegal de depósito como garantía, el no pago deliberado a un propietario pese a que el arrendatario sí cumplía, y el hecho de no tener registro ante Secretaría de hábitat, por no mencionar la firma indebida de contratos.

Al verse confrontado por los periodistas, el representante de la empresa dijo que no podía vigilar las actividades que se realicen en los inmuebles, pero también se mostró aparentemente mal asesorado sobre normas legales en la mayoría de sus infracciones. “Nos equivocamos, lo reconocemos. Pero nuestra intención nunca ha sido estafar a nadie“, concluyó.